El dirigente catalán Francesc Homs se sienta hoy en el banquillo de los acusados de la sala penal del Tribunal Supremo después de recorrer las calles de Madrid junto a un numeroso grupo de políticos catalanes (Mas, Romeva, Munté, Tardá, etc.) que han viajado hasta la capital para expresarle su apoyo. El fiscal reclama a Homs nueve años de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa por su actuación «crucial» en la celebración del 9-N.

Homs será enjuiciado por siete jueces de la sala penal del alto tribunal como ocurre en los casos en los que se sientan en el banquillo personas aforadas, ya que goza de esta prerrogativa por ser diputado en el parlamento nacional. La vista está previsto que se prolongue durante tres días.

En el juicio declarará como testigo Artur Mas, que está pendiente de conocer la sentencia que dicte contra él y las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por estos mismos hechos. También comparecerán al presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver, y al presidente de la comisión jurídica asesora de la Generalitat, Albert Lamarca.

Las pruebas

Por el contrario, los jueces han rechazado que declaren en esta vista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al no formar parte de este proceso “la valoración política de los hechos asumida por los miembros del Gobierno”. Tampoco comparecerán el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ni el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce porque “son los documentos y no el testimonio personal de quienes dirigen” estas instituciones “los que reflejan las decisiones adoptadas en sus respectivos ámbitos funcionales”.

Además, en el juicio intervendrán como peritos los guardias civiles que han elaborado un informe técnico sobre los programas informáticos que se usaron el 9-N. Y de los que se responsabilizó Homs, ya que fue el encargado de ordenar a una empresa informática a mantener operativos sus servicios después de conocerse la suspensión de la consulta soberanista por el Tribunal Constitucional.

La acusación

El fiscal en su escrito acusa al político catalán de impulsar “activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria» y de poner «los servicios jurídicos de su Departamento a su disposición para llevar a cabo la votación». Es decir, “potenció, tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC), el desarrollo del denominado proceso participativo”.

En su declaración judicial en el Tribunal Supremo Homs alegó que la providencia del TC era confusa por lo que el Govern pidió una aclaración que no le fue dada por el alto tribunal. Esta fue la versión ofrecida por Artur Mas en la vista del TSJC.

Las consecuencias

Sin embargo, para el instructor de esta causa la orden de suspensión del Tribunal Constitucional era suficientemente clara y la Generalitat se limitó a incumplirla. Por ello, en la sentencia del Tribunal Supremo se marcarán los límites que tienen los políticos para no acatar los mandamientos judiciales, según las fuentes consultadas. Estas fuentes han adelantado que el Supremo se inclina por castigar la actuación del dirigente catalán.

La sentencia que dicte el alto tribunal será firme aunque los jueces volverán a tratar esta cuestión cuando revisen la sentencia que dicte el Tribunal Superior de Cataluña contra Mas, Rigau y Ortega. Una sentencia que se conocerá en los próximos días y en la que si condena al ex president de la Generalitat y a las conselleras les dejará fuera del juego político, ya que no podrán volver a ser elegidos en las urnas ni ocupar cargos públicos.