El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado en su alegato final ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la voluntad de su gobierno el 9 de noviembre de 2014 «no era desobedecer al Tribunal Constitucional, queríamos plantar cara al Gobierno con un proceso participativo sin efectos legales; que un gobierno se enfrente a otro no es delito». En la última sesión del juicio del 9N Mas ha asegurado en su defensa que «el Gobierno usó al Constitucional para hacer el trabajo que él no se atrevía a hacer» y ha recriminado al fiscal que la Fiscal General tuviera que instarle a ser «justo e independiente» como ha señalado el propio Emilio Sánchez Ulled en su informe final.

Mas ha asegurado además que el 9N fue una jornada «de la que deberíamos sentirnos orgullosos» en la que participó mucha gente que «se auto organizó con civismo» y ha recriminado «qué pena convertir esto en un delito, qué pena y que gran error». La ex vicepresidenta, Joana Ortega, se ha declarado «con la conciencia tranquila porque entiendo que se me juzga por una actuación política de un gobierno democrático que obedecía a un mandato parlamentario» y ha señalado que el derecho penal «debería ser el último recurso parra dirimir un problema social. Dar voz a la gente no es un acto criminal» ha concluido. Y la ex consellera Irene Rigau ha defendido una vez más que se ampararon en el requerimiento previo de aclaraciones al Constitucional y que este recurso le dio «la tranquilidad» de que actuaba correctamente. Recordando sus tiempos como profesora rebelde en el tardo franquismo se ha preguntado «¿no me depuró el franquismo y me depuraran ahora?».

Puigdemont: el Gobierno está a tiempo de rectificar

Con el juicio visto para sentencia, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega se han dirigido al Palau de la Generalitat para la enésima escenificación de unidad y apoyo orquestada desde el gobierno catalán en forma, esta vez, de rueda de prensa conjunta. Una comparecencia en la que Carles Puigdemont ha señalado que «si las cosas hubieran ido como esperábamos hoy habríamos visto cómo se juzgaba a un presidente en ejercicio». Una forma de devolverle a la CUP las acusaciones de esta semana sobre la falta de coraje de los tres acusados durante la vista oral, en la que los antisistema creen que Mas, Rigau y Ortega se han escudado en los voluntarios desvirtuando el valor del 9N. Puigdemont ha expresado además su confianza en que «el Gobierno rectifique, aún está a tiempo» y se avenga a negociar con la Generalitat, mientras Mas ha insistido en que se les ha sentado en el banquillo «porque no les gustan nuestras ideas y no toleran el movimiento existente en Cataluña» y ha concluido que «tras el juicio del 9N la democracia española, que ya no era muy grande, será más pequeña».

Mas desobedeció a quien no tenía interés en ser obedecido»

Durante la exposición de informes finales, el abogado defensor de Artur Mas ha negado la deslealtad institucional denunciada por el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, y ha defendido la tesis de que la providencia de suspensión del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014 no era clara. Para Xavier Melero, hay una enorme diferencia entre las suspensiones dictadas por el TC el 29 de septiembre, cuando el Govern sí actuó para desligarse del proceso, y el 4 de noviembre, porque la primera suspendía la ley de consultas y el decreto que la desarrollaba, mientras la segunda se refería «a un proceso; pedir que se aclare no es irracional». El defensor de Joana Ortega, Rafael Entrena, ha defendido además que el caso «no debería haber llegado nunca a la vía penal» y ha recordado que antes de que se abriera el proceso judicial la Junta de Fiscales de Sala afirmaba que lo sucedido no era constitutivo de delito y recomendaba no admitir a trámite las querellas presentadas contra la Generalitat.

Melero ha señalado que “no negamos cesión de institutos ni que dimos apoyo hasta el último día, nadie se esconde, no se hicieron actos impeditivos” para paralizar la celebración del 9-N, pero argumenta que dada la falta de respuesta del Constitucional, que no atendió al requerimiento de la Generalitat para que aclarara el alcance de la suspensión, Mas no podía desoír «el mandato parlamentario» impidiendo la celebración del 9-N. “Mas desobedeció a quien no tenía interés en ser obedecido” ha concluido su abogado, para quien «si se equivocó en la interpretación de la providencia se equivoco de la mano de mucha gente y con conocimientos jurídicos».

Si Mas se equivocó en la interpretación de la providencia se equivoco de la mano de mucha gente y con conocimientos jurídicos»

El letrado ha recordado además que el Abogado del Estado pidió expresamente el requerimiento a Mas, figura que el TC no incluyó en su providencia, de lo que ha concluido que “el TC demuestra que no tiene el menor interés en dar ejecutividad a sus acciones”. Además, tras denunciar que el Govern no recibió ningún requerimiento del Gobierno o la administración de Justicia durante los días previos y posteriores al 9-N concluye que «el conflicto de competencias se va desplazando y al final el responsable de pararlo es el que lo había impulsado»

Melero ha acusado además al Gobierno de “tratar de nadar y guardar en todo el proceso» independentista, atribuyendo a esta actuación la judicialización de este proceso, y ha atribuido al Ejecutivo de Mariano Rajoy el cambio de criterio de la Fiscalía que, ha recordado, supuso la renuncia del anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Y ha asegurado que su defendido «inhibe de la participación a los funcionarios, quizá por eso ya no es presidente de la Generalitat»

Entrena recrimina la vía penal para juzgar el 9-N

Entrena, por su parte, ha advertido al Tribunal de que la sentencia «tendrá consecuencias políticas, sociales y mediáticas» tras advertir de que «el derecho debería haber impedido el juicio y debería concluir en sentencia absolutoria» porque a su juicio «no se debería haber llevado por la vía penal una cuestión política, el principio de intervención mínima de la vía penal no permite conducir este proceso por vía criminal». El delito de desobediencia penal «no de desobediencia de tertulia» ha concluido, no debería haberse aplicado en este caso.