La Audiencia de Barcelona abre este miércoles la vista oral de juicio del caso Palau con la sorprendente noticia del pacto de uno de los principales acusados, Jordi Montull, para confesar toda la operativa que sirvió a Convergencia Democrática de Cataluña para recibir comisiones a través de la entidad cultural. A cambio, Montull habría pactado una reducción en la petición de pena de 26 a 3 años para su hija, Gemma Montull, ex directora financiera del Palau de la Música, que junto a la ex directora general de la entidad, Rosa Garicano, quedó «vendida» judicialmente con la primera confesión de Félix Millet y el propio Montull, cuando reconocieron haber sustraído casi dos millones de euros de las arcas del Palau. Con 82 y 77 años respectivamente, se da por supuesto que los dos principales acusados difícilmente cumplirán las penas de prisión que se les impongan, pero no así sus directas colaboradoras.

El fiscal sostiene que Millet y Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau de la Música y conformaron un «entramado delictivo» junto a Ferrovial y cargos de CDC para la «financiación ilícita» del partido a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La Fiscalía considera acreditado que CDC se llevó 6,6 millones de euros de la constructora por esta vía, y el acuerdo alcanzado ahora por Jordi Pina, abogado de Montull, permitiría conocer de primera mano cómo se orquestó la operativa. Con 82 años Félix Millet alegará como principal argumento de su defensa la edad. Su deterioro físico es evidente, apenas puede andar unos pasos y sigue enganchado a su eterno cigarrillo, pero está por demostrar, como intentará su abogado, que no recuerde nada de lo sucedido.

Los acusados

El juez instructor considera responsables “criminal y civilmente” del expolio de la institución a Félix Millet, ex presidente del Palau de la Música, y Jordi Montull, su mano derecha, que afrontan sendas peticiones de pena de 27 años de cárcel. También a Rosa Garicano, ex directora general del Palau, y Gemma Montull, la hija de Jordi Montull y ex directora financiera, que afrontan penas de 26 años.

El fiscal pide para Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, una pena de siete años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y una multa de 20 millones de euros. Para los dos directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, acusados de tejer la red de comisiones en favor de CDC, se piden 4 años de prisión. También se sentarán en el banquillo como imputados los empresarios Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén y Ramon Marc Martí, los abogados Raimon Bergós y Santiago Llopart, y el asesor fiscal Edmundo Quintana.

A Convergencia, que tiene 15 sedes embargadas judicialmente y que se sentará en el banquillo como responsable civil, el fiscal le reclama 6,6 millones de euros por comisiones ilícitas. Marta Vallés y Mercedes Mir, esposas de Millet y Montull, y las hijas del primero Clara y Laila Millet, también son consideradas responsables civiles, además de once empresas que trabajaron para el Palau y a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.

El calendario y las cifras de la causa

Empieza hoy la vista oral del juicio, con una duración prevista de cuatro meses. Un centenar de testigos desfilará por la sala durante 55 sesiones. La vista concluirá el 27 de junio, justo ocho años después de que los Mossos entraran por primera vez en el Palau. La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que recibió la causa del caso Palau el pasado 2 de septiembre, asume el juicio que se celebrará en el auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, paradójicamente una de las infraestructuras por las que Ferrovial habría pagado comisiones a Convergencia a través del entramado del Palau.

Ocho años de instrucción, 65 cajas con 102 volúmenes y un total de 60.784 folios, además de 38 partes implicadas en el juicio. Entre ellas, 16 acusados, seis acusaciones y cinco responsables civiles por lucrarse de los delitos, con Convergencia Democrática de Cataluña en lugar destacado. De momento, los costes derivados de la causa y la devolución de subvenciones ya le han costado al Palau de la Música 5,5 millones de euros, que se suman a los más de 30 millones saqueados durante décadas por Millet y Montull.

La implicación de Convergencia

La Fiscalía acusa a Convergencia de haber suscrito un “pacto criminal estable” con Ferrovial para cobrar comisiones a través del Palau. Pero el primer indicio de la alianza entre Millet y CDC llegó en octubre de 2009, cuando se descubrió que el Palau había ayudado a Àngel Colom -ex líder de ERC, por entonces afiliado a Convergencia- a pagar las deudas del efímero Partit per la Independencia (PI) tras su disolución en 1999. Después trascendió que la Fundación Trias Fargas, de CDC, había recibido más de 600.000 euros del Palau. Y el golpe definitivo fueron las anotaciones sobre los pagos a «Daniel» referidas supuestamente al ex tesorero de CDC, Daniel Osácar.

Las diligencias revelaron que Ferrovial camuflaba como supuestas donaciones altruistas al Palau lo que en realidad eran comisiones encubiertas a Convergència. A cambio, según la Fiscalía, el Gobierno catalán adjudicó a la constructora obras de gran envergadura, como la línea 9 del metro o la flamante Ciudad de la Justicia. La Fiscalía imputa a CDC el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones a través del Palau, lo que supuso el embargo de la sede central del partido en Barcelona. Tras la venta del edificio de la calle Córcega, hace algo más de un año, CDC ofreció como aval 15 locales del partido por un valor de 3,6 millones.

La instrucción

Los Mossos d’Esquadra registraron la sede del Palau de la Música en julio de 2009. Durante casi ocho años, la instrucción del caso Palau ha pasado por cinco jueces, tres titulares y dos sustitutos, al frente del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona. Inició la instrucción el magistrado Juli Solaz -que llegó a ganarse el sobrenombre de “juez caracol” en ámbitos jurídicos- responsable de la polémica decisión de no decretar prisión provisional para Millet y Montull tras su confesión. En julio de 2015, seis años después del primer registro, se cerró la instrucción del caso Palau y el magistrado José Julián García de Eulate envió a juicio a Millet, Montull y otros 16 acusados.

El origen de la investigación

El caso Palau empezó cuando el 23 de julio de 2009 los Mossos d’Esquadra iniciaron el registro del Palau de la Música, de nueve horas, bajo las órdenes del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. La Agencia Tributaria había detectado que entre el 2003 y el 2004 se retiraron cantidades ingentes de dinero del Palau. La investigación se centró entonces en el presunto desvío de 2,3 millones de euros, que tras casi ocho años se han convertido en más de 30 millones sustraídos.

Al inicio de la investigación Millet y Montull confesaron haber saqueado 1,6 millones y 200.000 euros respectivamente de las arcas del Palau de la Música, y consignaron esas cantidades en el juzgado, lo que les evitó entrar en prisión. Sin embargo, la Fiscalía les acusa ahora de haber robado más de 30 millones de euros, de los que diez millones no se ha conseguido saber dónde fueron a parar.

Los frutos del desfalco

La casa en l’Atmella del Vallès es el bien más preciado de Félix Millet. 620 metros cuadrados reformados a cuenta del Palau de la Música -cómo no- que fueron el epicentro de su vida social cuando se codeaba con todo el que pintaba algo en Barcelona, y que ahora se han convertido en refugio inexpugnable, rodeada de 75.000 metros cuadrados de bosque de su propiedad. Pero la historia de las tropelías al frente del Palau tiene además momentos tan delirantes como el de la boda de su hija Clara organizada en la sede modernista del Palau, con un coste superior a los 80.000 euros que pagó la institución, pese a lo cual Millet cobró la mitad del ágape, 40.000 euros, a sus consuegros. O la instalación de una Play Station en el salón de la casa familiar de Montull en Teià (Barcelona).