Podemos ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea una batería de medidas que considera necesarias para acabar con la existencia de lo que califica como una «trama» que «pretende» dejar impunes algunos casos de corrupción en curso.

La iniciativa, que también llevará a los parlamentos autonómicos, incluye siete medidas propuestas por Podemos para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, y entre otras cosas, insta al Gobierno a derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que acortó los plazos de instrucción y limitó el ejercicio de la acusación popular.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha alertado de las graves consecuencias de esa reforma de la LECrim que la formación morada bautizó como ‘ley Berlusconi’, así como de las denuncias de presiones a los fiscales.

Por ello, en la iniciativa registrada hoy instan también al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a comparecer en sede parlamentaria para explicar los criterios que se aplican en los nombramientos de los fiscales y las supuestas presiones que han denunciado. Igualmente, pide al Ejecutivo que garantice la independencia del Poder Judicial y no se produzcan cambios de fiscales en procesos en curso, especialmente en casos de corrupción.

«Parece que las políticas del PP ahora mismo se dirigen a que casos de corrupción queden archivados u opacados y a la manipulación en el nombramiento de los fiscales, como ha ocurrido en Murcia y La Rioja», ha denunciado Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso.

En su opinión un Estado de Derecho «no se puede permitir estas quiebras democráticas», y así lo recogen en el texto de la iniciativa registrada, que también insta al Gobierno a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a realizar una auditoría pública y externa de los recursos del sistema judicial.

Otro de los puntos de la propuesta insta al Ejecutivo a derogar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como «ley mordaza». Elizo ha reconocido que plantear estas medidas a través de una proposición no de ley puede tener una consecuencia poco efectiva, pero aún así Podemos ha optado por utilizar este mecanismo parlamentario para dar la mayor «visibilidad» al problema de «quiebra democrática» que a su juicio se ha visto con los últimos casos de corrupción.