Amnistía Internacional (AI) reclamará al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido que reconozca “el daño causado” por la aplicación de la tortura y los malos tratos “en el contexto de la lucha antiterrorista”. El presidente de AI en España, Esteban Beltrán, ha asegurado esta mañana que se lo reclamará en la reunión que celebrará en el plazo de dos semanas en el Ministerio del Interior y en la que le presentará la ‘Agenda por los Derechos Humanos para el País Vasco’ que ha elaborado su organización y en la que también se insta a Interior a que secunde al Ejecutivo de Iñigo Urkullu y recabe datos oficiales, “detallados y desglosados”, de las “violaciones y abusos cometidos” por la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de por la Ertzaintza, en estos años. A todo ello suma la petición de que se habilite un mecanismo externo e independiente para que audite los mecanismos de investigación internos existentes y el modo en el que están siendo empleados ante posibles casos de tortura policial.

Junto a todo ello, Amnistía Internacional considera que para garantizar el respeto a los derechos humanos el Ministerio del Interior deberá poner fin a la actual legislación penitenciaria que aplica a los presos de ETA “que fue excepcional y hoy sigue siéndolo”, ha señalado Beltrán, y acabar con la dispersión de etarras en cárceles de fuera del País Vasco. Cree urgente revisar la actual legislación antiterrorista “para adecuarla a estándares internacionales de derechos humanos”. Beltrán ha asegurado que con los cambios en el Código Penal que afectan al delito de terrorismo se ha “ampliado” su campo de aplicación y se ha convertido en un concepto “sumamente ambiguo”.

Amnistía Internacional se reunirá con el ministro para presentarle una «agenda común» para gestionar junto a Euskadi el final de la violencia

Amnistía Internacional ha elegido Bilbao para presentar su informe para Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y reparación en el contexto del País Vasco y fruto del cual ha elaborado una “agenda común por los derechos humanos” con seis apartados y que aspira a que apliquen de modo coordinado la administración central y la vasca. El plan de actuación que plantea incluyen las medidas ya mencionadas, además de la necesidad de implantar acciones que garanticen el acceso a la verdad, la reparación y la justicia de todas las víctimas de ETA y de otros grupos armados como el GAL o el Batallón Vasco Español y que se esclarezcan los atentados pendientes de resolución. Entre los seis apartados, concebidos como “lo que queda por hacer” se incluyen peticiones a los Gobiernos central y vasco y a la Justicia pero no figura ninguna petición expresa a ETA.

Al Gobierno «le queda todo por hacer»

En su informe, Amnistía Internacional subraya que en los últimos años se ha producido una negación sistemática de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha antiterrorista, “por parte del Gobierno central queda todo por hacer”. Sí reconoce que el Ejecutivo vasco ha dado pasos en esta materia al documentar casos de violación de derechos humanos y cita el informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, que identifica más de 4.000 posibles casos entre 1960 y 2013. En este punto, AI subraya que aún persiste un elevado grado de “impunidad” en torno a los crímenes de grupos como los GAL o el Batallón Vasco Español “que llevaron a cabo, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los setenta y ochenta”. Añade que en el caso de los GAL el 37% de sus crímenes continúan sin esclarecer y en el del BVE 24 atentados que le son atribuidos no se han investigado.

Respecto a las víctimas de ETA, se apela a la necesidad de dar más pasos para documentar y esclarecer muchos de sus atentados. En este aspecto, llama a identificar no sólo a las víctimas mortales sino también a quienes padecieron a la organización terrorista y fueron heridas, extorsionadas o coaccionadas. Con toda la información que se pudiera recabar, Amnistía Internacional considera que se avanzaría de modo fundamental en la reparación real de las víctimas, “porque muchas podrían acceder a una adecuada reparación asó como para luchar contra la impunidad”.- A este respecto recuerda cómo la propia Audiencia Nacional reconoce que existe una docena de atentados de ETA en el que las familias de la víctima desconocen el estado en el que se encuentra su expediente.

Beltrán reclama a Interior el final de la dispersión de los presos y modificar la regulación «ambigua» del delito de terrorismo

La propuesta ya ha sido presentada al lehendakari Iñigo Urkullu y los partidos vascos. Beltrán ha señalado que la acogida al planteamiento que hace Amnistía Internacional ha sido positivo, incluso entre las filas del PP, que no se han opuesto a él. Con este plan AI cree que se lograría cerrar la herida y pasar la página de años de violencia. Recuerda que para ello urge “verdad, reparación y justicia” para todas las víctimas, tanto las de ETA como las de otros grupos violentos.

En el acto de presentación de la propuesta han participado Mari Carmen Hernández, viuda de Jesús María Pedrosa, concejal del PP de Durango asesinado por ETA en 2000, y Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL en 1981. Ambas han recordado el impacto que sobre sus vidas tuvo el atentado de ETA en un caso y el haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil en otro. Tanto Mari Carmen Hernández como Axun Lasa han coincidido en la necesidad de reparar el dolor de la víctimas pero tener que superar el odio en pos de una necesaria convivencia en la sociedad vasca.