No ha habido prescripción de delitos de tráfico de influencias imputado a los acusados del caso Palau. Así lo ha defendido esta mañana el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled en la segunda sesión de la vista oral del jucio, en la que ha rebatido los argumentos de las defensas sobre la prescripción de este delito. Ulled no tiene ninguna intención de rebajar la presión sobre el ex tesorero de Convergencia Democrática y los dos directivos de Ferrovial que son la clave en la acusación de financiación ilegal del partido fundado por Jordi Pujol, y el pilar de esa acusación es el tráfico de influencias orquestado por Osácar para garantizar las concesiones de grandes obras públicas de la Generalitat a Ferrovial a cambio de generosas comisiones del 4% que se vehiculaban a través del Palau de la Música.

El fiscal ha respondido a las defensas de Osácar y los responsables de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que en su exposición de cuestiones previas defendieron la prescripción del delito de tráfico de influencias, lo que implicaría en el caso de los segundos cuestionar también la acusación de administración desleal, que la fiscalía asocia al tráfico de influencias y que para las defensas no tiene sentido cuando la presunta víctima. Ferrovial, no ha emprendido acciones legales contra su directivos.

Ulled, sin embargo, ha subrayado que el expolio afecta a toda la sociedad, no solo al Palau, porque se trata de un caso de la financiación irregular de un partido a cuenta de obras públicas. El fiscal ha argumentado que en este contexto hay que contabilizar todos los delitos juntos porque el entramado de financiación irregular tejido por los acusados ha tenido un efecto conjunto continuado en el tiempo. «Esa conducta no aparece, evidentemente, en el marco de una relación comercial entre Ferrovial y el Palau de la Música, se produce en un contexto muy amplio, que es el contexto de la financiación ilegal de una formación política muy determinada y un tráfico criminal cuyos objetos son blanqueados a través de la estructura del Palau de la Música», ha destacado.

El fiscal se ha opuesto también a que los acusados falten a las sesiones del juicio, que se alargará durante cuatro meses en 55 sesiones hasta el 27. Una macrocausa que ha llevado a la mayoría de los acusados a pedir ser exonerados de estar presentes en todas ellas por motivos de salud en el caso de Félix Millet, o laborales en el caso de los acusados responsables de empresas proveedoras del Palau. Será la Sala, presidida por la jueza Montserrat Comas, la que decida sobre este extremo.

Primer exonerado por prescripción del delito

La Sala sí ha exonerado, con la aprobación de la Fiscalía, a Ramon Marc Martí, gerente de la empresa Publiciutat. Sánchez Ulled ha aceptado   la prescripción, por veinte días de margen, en el caso de este acusado porque su imputación se produjo el 25 de septiembre de 2012, cinco años y veinte días después de que el 5 de septiembre de 2007 emitiera la última factura vinculada al supuesto expolio del Palau de la Música.