El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está citado a declarar este lunes como investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio, sobre una supuesta corrupción urbanística, que ha provocado una crisis política que puede llegar a moción de censura.

Sánchez, que ha llegado, ha llegado minutos después de las nueve de la mañana al Palacio de Justicia, donde deberá comparecer a las 10 de la mañana a causa de una investigación sobre un auditorio que comenzó a construirse en la localidad de Puerto Lumbreras en la etapa en la que era alcalde. El edificio quedó a falta de más de un tercio para su conclusión tras invertirse en él seis millones de euros de subvención del Gobierno regional.

Los abogados de las acusaciones particulares de PSOE y Podemos han dicho hoy que esperan que el presidente aclare con su testimonio las dudas que existen sobre las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del auditorio de Puerto Lumbreras. En declaraciones a los medios de comunicación que aguardan a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia la declaración del presidente Sánchez, José Miguel Muñoz (PSOE de Puerto Lumbreras) ha indicado que «a priori» no pueden esperar «nada» y que confía en las explicaciones sobre «todo lo que viene diciendo estas semanas», en alusión a basar su defensa en que el caso Auditorio es un mero tema administrativo y no de corrupción política.

El abogado ha señalado que la juez de Lorca que investigó este caso desde 2006, Consuelo Andreo, ha hecho una exposición razonada «muy contundente» y será hoy el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado quien decida si se trata de una cuestión meramente administrativa. Por su parte, Ginés Ruiz (Podemos) ha dado por hecho que Sánchez se limitará a «aclarar y dar su versión».

La defensa del presidente de Murcia -que ejerce el decano del colegio murciano de abogados, Francisco Martínez-Escribano- se centrará en que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar al origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción del auditorio. Según la defensa del presidente, lo que hubo a lo sumo fue un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica.

Como todos los delitos de los que se acusa a Sánchez están calificados expresamente como corrupción en la ley autonómica de Transparencia -salvo el de falsedad en documento oficial-, Ciudadanos ha roto el pacto de Gobierno que permitió la investidura de Sánchez, en el que figuraba el compromiso de dimitir si era imputado. Ante esta situación, Ciudadanos ha anunciado que abrirá negociaciones con el PSOE este miércoles.

El TSJM ha citado a Sánchez como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El tribunal computa 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de la obra entre 2006 y 2010 y sostiene, entre otras muchas irregularidades, que hay gastos e IVA duplicados en la obra certificada.

También apunta que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que la obra fue dada por recibida, a falta de la construcción del 38 %, con el visto bueno de Sánchez, que declaró las construcciones «en buen estado y conforme a las prescripciones previstas».

El Tribunal Superior de la Región de Murcia deberá también enjuiciar a la veintena de imputados en el caso, entre ellos los concejales que aprobaron en 2006 el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y autonómicos y el arquitecto autor del proyecto.

En declaraciones a Efe, el presidente autonómico se ha reconocido sereno de ánimo y, aunque ha preferido no entrar en los detalles del proceso por respeto a la justicia, ha indicado que no descarta «presentar nuevos informes, complementarios de los que ya figuran en la causa, que reforzarán» lo que ha sostenido «siempre, en el sentido de que no se cometió delito alguno».

El acto de mañana dará comienzo con el interrogatorio de las acusaciones, que abrirá el nuevo fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. Al fiscal le seguirán las preguntas que puedan hacerle las demás defensas personadas en la causa, y el interrogatorio concluirá con el letrado de Sánchez.

En la jornada de este lunes, unas 3.000 personas han pedido en una manifestación la dimisión de Sánchez «por decencia», según un manifiesto que han leído al término de la marcha, convocada por la recién creada Plataforma Ciudadana Anticorrupción.

En el recorrido, que ha finalizado frente al palacio de San Esteban, sede de la presidencia autonómica, han participado dirigentes regionales del PSOE y de Podemos a título personal.