Esperanza Aguirre vuelve al ojo del huracán si es que alguna vez dejó de estar en él. La noticia, revelada por El Independiente, de que la UCO investiga la “joya de la corona” de su gestión al frente de la Comunidad, esto es, el plan de infraestructuras sanitarias por el que se construyeron doce hospitales en la región, vuelve a apuntar a la financiación presuntamente ilegal del partido en Madrid, del que fue líder. Los ojos de la justicia están puestos en los contratos de publicidad, que, en el caso de los hospitales, supusieron el 1 por ciento de la multimillonaria inversión total. Pero también se ha requerido información a Urbanismo, Hacienda, Presidencia y a la antigua Arpegio, la empresa del suelo dela Comunidad de Madrid.

Aguirre insiste en que “no me constaba ni me consta ahora que exista una ‘caja b’ en el PP”, al tiempo que subraya que de esas cuestiones se encargaban el contable, el gerente, el tesorero y, en última instancia, el secretario general, esto es, Francisco Granados, hoy en prisión preventiva en el marco del “caso Púnica”. Poco antes de impartir una conferencia en la Real Sociedad Matritense de Amigos del País sobre el modelo de ciudad que defiende, atiende a nuestro medio, para salir en defensa de su plan de hospitales, hablar de su “humanización”, de su excelencia y, ya de paso, defender que los centros que más satisfacción generan en los ciudadanos “son los de gestión totalmente privada como la Jiménez Díaz” que ofrecen una sanidad universal y gratuita “en contra de lo que decía el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, de que había que ir con la tarjeta de crédito en la boca para poder acceder a los tratamientos”.

“No tengo que pedir explicaciones”, señala sobre si ha hablado con Lamela o Güemes y sale en defensa de la gestión privada de la sanidad

¿Ha hablado con Lamela o Güemes?. “No, y no tengo que pedir explicaciones”, sentencia respecto a dos de sus tres consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes. El tercero, Javier Fernández Lasquetty terminó dimitiendo tras el fiasco de la privatización de la gestión de la sanidad madrileña.

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 se autoreivindica al recordar que “soy de los políticos que he dimitido”, en alusión a su abandono de la presidencia regional del PP en febrero de 2016 porque “pudiendo” controlar las cuentas de su partido “no lo hice y me dedicaba a la gestión”. Respecto a los 1,8 millones de euros que se gastaron en publicitar el nuevo Hospital de Puerta de Hierro, prefiere afirmar que es un centro de referencia, uno de los grandes centros médicos de Madrid.

“Que la UCO investigue todo lo que tenga que investigar”

Pero aunque  su empeño eran los hospitales, tampoco tuvo noticia de que pudiera estar desviándose ese 1 por ciento de publicidad y comunicación de los mismos para otros fines, tal y como investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco relacionado con la presunta trama corrupta de la Púnica. “Dije que se construyeran unos hospitales y que se sacaran a concurso” y para ello “había unos consejeros”, explica la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin querer entrar en el fondo del asunto, defiende que “La UCO investique todo lo que tenga que investigar”, pero que lo haga pronto, dada la “falta de celeridad” de la Justicia. Pero no es la Púnica, ni de lejos, el caso más antiguo de supuesta corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional puesto que estalló en octubre de 2014. A pesar de llevar una denominación de reminiscencias bélicas, lo cierto es que aludía al nombre en latín del árbol del granado, por Francisco Granados, que fuera uno de los más estrechos colaboradores de Aguirre tanto en el partido como en la Comunidad de Madrid, hoy encarcelado.

No hay más “ranas”

En el entorno de la ahora portavoz del PP en la capital de España, afirman que, a pesar de la dimensión de la investigación del juez Velasco, “no hay más nombres ni más casos nuevos”. Que las “ranas” de Aguirre -en alusión a cuando dijo “he nombrado a más de 500 cargos y dos me han salido ranas”-  “siguen siendo las mismas, no han aumentado”, al tiempo que recuerdan que las declaraciones que este miércoles han prestado el empresario Arturo Fernández y el ex consejero de Transportes José Ignacio Echevarría en la Audiencia Nacional ha sido “en calidad de testigos, no de imputados”.