Los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción incorporados al sumario del caso del 3%, que indaga en la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), arrojan luz sobre la actitud tanto del partido catalán como de los empresarios que inyectaban dinero a la formación de manera presuntamente irregular, a través de donaciones entregadas a cambio de la adjudicación de concursos públicos.

Concretamente, uno de los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla el rol del grupo Oproler, presidido por Sergio Lerma y representado en Cataluña por el empresario Josep Manel Bassols, ex alcalde de Anglés, asesor de Carles Puigdemont en Gerona para las elecciones municipales del año 2011 y ya detenido en el marco de las investigaciones de este caso.

Oproler invitaba a cargos de CDC a 'comidas, alojamientos, partidos de fútbol, cacerías y regalos de Navidad'

Los investigadores de la causa detallan, durante un informe de 13 páginas al que ha tenido acceso El Independiente, las atenciones que la empresa, una de las habituales en la adjudicación de obra pública de la Generalitat, tenía con la cúpula de CDC. "Se ha intervenido diversa documentación que reseña y aflora pagos de comidas, alojamientos, partidos de fútbol, cacerías o regalos de Navidad", desgranan los agentes que redactan el texto, que especifican que todos estos gastos estaban sufragados "directamente por la empresa Oproler" a diversos cargos públicos de Convergencia, así como "al tesorero de CDC [Andreu Viloca], todo ello en el espacio temporal anterior, simultáneo o inmediatamente posterior a las adjudicaciones recibidas por dicha empresa corruptora".

La Guardia Civil ha intervenido correos entre Lerma y Bassols, máximos responsables del grupo empresarial, en los que se detalla que ambos trataban de "codificar" las identidades de los miembros de Convergencia con los que se reunían de manera más o menos habitual: Andreu Viloca, ex tesorero del partido, y Germà Gordó, actual diputado de Junts pel Sí en el parlamento catalán y ex mano derecha de Artur Mas, para el que el juez de El Vendrell Josep Bosch volverá a solicitar su investigación en el caso, después de que el TSJC rechazase su exposición razonada a principios de este año.

El presidente del grupo propuso al Teatro Real efectuar donaciones de entre el 3 y el 5% de las adjudicaciones recibidas

Uno de los casos más llamativos a los que hacen referencia, sin embargo, no se produce en Cataluña, sino en Madrid. Y nace de una cadena de correos intercambiada entre Sergio Lerma, presidente del grupo Oproler, y la responsable de patrocinios del Teatro Real de la capital. En concreto, el 16 de mayo de 2013, Lerma dirige un correo al departamento de patrocinios del recinto cultural madrileño en el que apunta que "como complemento a la donación ya comprometida, ligada a las entradas que adquirimos, la propuesta sería la de aportar como donación el 5% de las adjudicaciones de obras con un volumen de entre 0 y 250.000€, de un 4% para aquellas entre 250.000 y 500.000 y de un 3% para aquellas de más de esta cifra".

Posteriormente, Lerma aclararía que "por supuesto" el grupo debería ser "el más económico" en las ofertas para los concursos, de los que se les debería informar en un 100% de los casos, aunque la esencia de la proposición difiere en poco de la utilizada en Cataluña para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de inyectar dinero posteriormente en CDC a través de donaciones a sus fundaciones afines.

22 horas después de ese mail, la responsable de patrocinios del Real responde al correo -enviado con el título Propuesta donación complementaria- comunicando que "aceptaríamos la donación de los 20.000 euros -referente a la "ya comprometida"- y ofreceríamos el palco de entresuelo número 4 para el turno de estreno", sin hacer referencia a los porcentajes mencionados por Lerma.

En cualquier caso, es precisamente ese mismo palco de entresuelo el que, según la Guardia Civil, "habría sido utilizado posteriormente por Josep Manel Bassols para agasajar entre otros al ex tesorero de Convergencia Andreu Viloca, al que invita en alguna ocasión, presumiblemente al objeto de obtener su favor o intermediación en adjudicaciones de obra pública".

Responsables del Teatro Real se ha  puesto en contaco con El Independiente para aclarar que, pese al ofrecimiento de Oproler, nunca contrataron obras ni servicios con esta empresa y que se han dirigido a la Guardia Civil para ofrecer su colaboración en la investigación.

La carta a Artur Mas

La presencia de Bassols es constante a lo largo de la instrucción del caso de 3%, y su relación con los hombres fuertes de la Generalitat era estrecha hasta el punto de que, en septiembre de 2011, el delegado de Oproler en Cataluña dirigió una carta al entonces presidente catalán, Artur Mas, en la que se quejaba del tratamiento "incomprensible" que el Gobierno regional estaba teniendo con él.

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En la misiva, encabezada con un Molt Honorable President, Bassols desgrana su relación histórica con CDC, desde su afiliación en 1991 hasta su colaboración con la campaña de Carles Puigdemont en Gerona o en las elecciones al Parlamento autonómico, pasando por sus mayorías absolutas en el municipio de Anglés.

Sin embargo, en un momento del escrito, Bassols pasa a detallar que "desde 1980" controlaba una "pequeña empresa constructora y familiar" y ejercía la profesión de "arquitecto técnico liberal". Una actividad que aparcó durante su período en política, pero retomó a partir del año 2003, pese a que en el momento de escribir la carta -2011-, la actividad "no hace falta decir que es poco intensa, ya que la crisis afecta principalmente al sector de la construcción".

Bassols, en una carta dirigida a Artur Mas, calificó de "incomprensible" la actitud de la Generalitat con él y con su mujer

De ahí en adelante, Bassols, en su carta dirigida a Mas, vuelve a subrayar sus servicios prestados al partido y a recordar el acuerdo al que había llegado con Carles Puigdemont: que en caso de alcanzar éste la alcaldía, Bassols "colaboraría con el grupo municipal como asesor del área urbanística y de obras, dado mi perfil profesional". Esa promesa, sin embargo, no se cumplió, como tampoco llegó a buen puerto entonces la ambición de su esposa, Núria Bassols, de tomarse "un impás" en su actividad como magistrada en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El empresario afea a Mas que ninguna de esas promesas se hayan cumplido y recuerda que el único cargo de CDC que se ha movido por tratar de encontrar nuevas responsabilidades laborales a la pareja había sido Germà Gordó, aunque sin resultado, de manera que Bassols asegura encontrarse "en una situación de incertidumbre personal y profesional", derivada de las promesas incumplidas, que entiende que representan "una actitud incomprensible" por parte del partido, para el que ha servido como alcalde y con el que ha tratado como empresario.

Núria Bassols fue nombrada director de Políticas de Transparencia de la Generalitat en noviembre de 2013

En ese mismo párrafo, Bassols lamenta que entidades como la Generalitat, el Ayuntamiento o la Diputación de Gerona están encontrando acomodo "incluso a personas que no han desempeñado una labor en favor del país tan larga e intensa como la mía". Esa situación la hace extensible también a su esposa, de la que asegura que ha desempeñado igualmente "una tarea muy importante desde su destino profesional" en el TSJC.

La petición de Bassols tendría efecto a finales del año 2013 cuando su esposa Núria fue nombrada directora de Políticas de Transparencia en la Generalitat, todavía comandada por Artur Mas, del que Bassols se despedía en su carta deseándole "lo mejor" y felicitándole "por la labor que está llevando a cabo en favor de la nación que tiene el honor de presidir".