Alberto López Viejo era un 'pata negra' dentro del Partido Popular. Miembro de Nuevas Generaciones, era uno de los habituales en la organización de todas las campañas electorales. Primero montando actos con jóvenes para lucimiento de sus mayores; luego, coordinando la maquinaria electoral para las grandes citas. Desde sus inicios, en los años 90, estuvo al lado de Esperanza Aguirre. En el Ayuntamiento, cuando ella era concejala de Medio Ambiente antes de convertirse en ministra de Cultura con Aznar. López Viejo fue en la Casa de la Villa, durante el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, concejal de Limpieza (que dependía de Medio Ambiente).

En esos años empezaron sus cuestionadas -hoy en el juzgado- adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de prebendas. Seguía en el cargo cuando participó de forma directa en el equipo de campaña de Esperanza Aguirre a las elecciones autonómicas de 2003. Pasó del Ayuntamiento -Ruiz-Gallardón no lo quería a su lado- a la Comunidad. El 10 de junio de 2003, el día del Tamayazo, cuentan las crónicas que López Viejo salió ufano del salón de plenos de la Asamblea de Madrid con una gran sonrisa y una frase prendida a la boca: "¡Tocad poder!".

El PSOE pidió en reiteradas ocasiones una comisión de investigación sobre la gestión de López Viejo. Gallardón se negó.

Se repitieron las elecciones, ganó Aguirre y López Viejo se acercó al Gobierno. Por entonces, las publicaciones sobre las adjudicaciones de López Viejo en el Ayuntamiento de la capital ya estaban en los medios -sobre todo El Mundo- y la presidenta decidió mantenerlo en barbecho. El PSOE, liderado entonces por Trinidad Jiménez, pidió en reiteradas ocasiones una comisión de investigación sobre la gestión de López Viejo. Gallardón se negó.

Ante las turbulencias generadas a su alrededor, Aguirre le negó una Consejería, pero le asignó un puesto en la de Presidencia, que ocupaba Ignacio González. Desde allí empezó a organizar todos los actos de la presidenta. Todos los consejeros pasaban por él cada vez que tenían que presentar un proyecto a bombo y platillo. Él contrataba y decía con quién. Casi siempre con las empresas de la trama Gürtel, como se ha comprobado después.

Defensa cerrada

Las advertencias a Aguirre sobre los comportamientos poco claros de López Viejo fueron constantes. En más de una ocasión lo defendió ante los periodistas o envió a personas de su confianza para desmentir las informaciones que, al cabo del tiempo, se han demostrado impecables. Aguirre lo defendió de forma cerrada y para demostrar que los medios -alguno llegó a publicar un editorial diciendo que sería un error nombrarlo consejero- no le dictaban lo que debía hacer, lo metió en su gobierno en la primavera de 2004. En 2007 volvió a participar en la organización de la campaña, y ese mismo año fue nombrado consejero de Deportes.

López Viejo fue imputado por el TSJM el 6 de mayo de 2009. A día de hoy, se enfrenta a una petición de 46 años de cárcel

Duraría en el cargo menos de dos años. El 9 de febrero de 2009, Aguirre admitió la dimisión presentada por López Viejo tras publicarse que había troceado y adjudicado contratos a dedo a las empresas de la trama Gürtel. La presidenta defendió entonces que el consejero no había hecho nada "ni ilegal, ni irregular" y le agradeció su "responsabilidad" por abandonar el cargo. El 6 de mayo de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió imputarle en la causa al apreciar indicios de delito en un auto en el que el juez describía a López Viejo como la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros" para esquivar el concurso público.

A día de hoy, López Viejo, que se enfrenta a una petición de 46 años de prisión por, presuntamente, haber concedido la organización de cerca de 400 actos a las empresas de Francisco Correa a cambio de casi medio millón de euros en comisiones, sigue negando su responsabilidad sobre una trama que rebate que existiera, y defiende que la operativa del fraccionamiento de contratos funcionaba en la administración madrileña antes de su entrada. El 25 de enero de 2017, en su declaración ante el magistrado que juzga la trama Gürtel, López Viejo descargó responsabilidades sobre sus antecesores: "Cuando uno se incorpora a un gobierno en marcha, funcionando, que tiene su manera de proceder, lo que hace es continuar con el sistema instaurado".