La juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños, ha citado a declarar en calidad de investigado a un alcalde socialista fallecido hace casi tres años por su participación en la obtención de una ayuda de 871.467 euros con cargo al fondo de reptiles que se destinó a la compra de dos fincas rústicas. Esta partida, gestionada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, es la que se utilizó durante una década para el pago de ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis.

En un auto notificado este jueves a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla llama a comparecer el próximo 25 de abril a las 11.45 horas a Francisco Rodríguez Galán, alcalde socialista de la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto fallecido el 13 de junio de 2014 a los 55 años. Quince minutos antes está citado Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008 e investigado ya en otras piezas separadas del caso.

Tras tener conocimiento por El Independiente de que Rodríguez Galán falleció, la juez ha dictado sobre la marcha un auto de rectificación de oficio archivando las actuaciones sobre el antiguo alcalde de San Nicolás del Puerto al haber quedado extinguida su responsabilidad penal.

Javier Guerrero y Francisco Rodríguez firmaron un protocolo de colaboración el 5 de febrero de 2003 por el que la Administración autonómica concedía una ayuda de 871.467,50 euros al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto para la promoción del empleo mediante la adquisición de la finca que ocupaba el antiguo poblado minero del Cerro del Hierro y otros terrenos, en los que se proyectaba la instalación de un vivero de plantas ornamentales autóctonas y un polígono industrial para evitar que los jóvenes tuvieran que emigrar.

Rodríguez Galán, alcalde de San Nicolás del Puerto (Sevilla), murió en junio de 2014 a los 55 años

En un atestado incorporado a la causa en 2014, meses antes del fallecimiento del regidor, la Guardia Civil ponía de manifiesto que parte de esta ayuda se destinó a la adquisición de la finca en la que estaba ubicada la vivienda del alcalde. Rodríguez Galán, como publicó El Mundo de Andalucía, calificó de «mera casualidad» que la suya fuera una de las viviendas y defendió que la petición de la ayuda para «darle situación legal a un núcleo de población» que no tenía garantizados los servicios básicos.

De otro lado, la juez Núñez Bolaños ha llamado a declarar en calidad de investigado a Antonio María Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, después de que la Guardia Civil -como desveló El Independiente el pasado 13 de febrero- le atribuyera la comisión de un delito de tráfico de influencias por su «intervención directa» en la solicitud de otra ayuda concedida con cargo al fondo de reptiles.

En un auto fechado el 15 de marzo, la instructora cita a Ceballos a comparecer el próximo 25 de abril a las 11.15 horas. En esta pieza también figuran como investigados el ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y al ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.

La juez imputa al hoy obispo emérito de Cádiz por su mediación en otra ayuda de los ERE

La imputación de estas cinco personas está relacionada con la ayuda de 300.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó al Obispado de Cádiz para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que venía afectando a medio centenar de trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad. El Obispado había complementado las prestaciones por desempleo de los trabajadores para que éstos no vieran mermados en exceso sus ingresos.

Antes, el hoy obispo emérito había enviado una carta al consejero Fernández en la que le explicaba la problemática laboral que vivían como cosnecuencia de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de acondicionamiento del geriático. «En espera de que, como ha sido siempre, podamos colaborar en esta importante tarea sociolaboral, reciba un atento y cordial saludo». Así se despedía Antonio Ceballos en la misiva enviada al titular de Empleo, firmada de su puño y letra.

Segundo religioso imputado

Monseñor Ceballos no predicó al aire y su petición fue atendida meses después. En concreto, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social acordó el 30 de julio de 2009 conceder una subvención excepcional de 300.000 euros a los 50 trabajadores del centro geriátrico del Obispado de Cádiz.

Ceballos se convierte en el segundo religioso imputado en la causa de los ERE fraudulentos. En mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó a Carmen Muñoz Rivas -religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla)- delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la ayuda de 44.000 euros que recibió la cooperativa textil (SCA Megara) de la que era presidenta.