Las compañías aseguradoras "conocían" que el dinero con el que se pagaban las prejubilaciones investigadas en el marco del caso ERE era público y que a las pólizas se les repercutía una comisión fuera de mercado para remunerar a las empresas mediadoras, según concluye la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad- en respuesta a las preguntas planteadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

La Dirección General de Seguros aportó en abril de 2014 un informe al juzgado que instruye el caso ERE en el que concluía que la Junta de Andalucía abonó al menos 51,5 millones de euros en sobrecomisiones a los dos grupos (Vitalia y Uniter) que intermediaron en la contratación de los seguros colectivos de rentas entre la Administración autonómica y las aseguradoras. Este informe ha tenido una enorme relevancia en la instrucción de la causa y ha motivado que se abriera una pieza separada -con 29 personas ya investigadas- en la que se investiga monográficamente el exceso de pagos por labores de mediación en la contratación de estos seguros colectivos de los que se beneficiaron miles de trabajadores andaluces.

Tres años después, la magistrada María Núñez Bolaños ha enviado un cuestionario a los peritos de la Dirección General de Seguros nombrados en auxilio judicial para conocer qué fuentes de prueba consultaron para concluir que las pólizas de prejubilaciones sufragadas por la Junta incluían una comisión muy superior a la comisión media del 2% y si existía alguna norma legal que limitara ese porcentaje por corretaje, entre otros extremos.

La Dirección General de Seguros insiste en que la Junta de Andalucía pagó a mediadores sin que fuera necesario

"¿Han podido verificar si las aseguradoras eran conocedoras del origen público del dinero con el que se pagaban dichas pólizas y si a pesar de ello nada opusieron al pago de esas 'comisiones'?", pregunta la juez. "De la información disponible se deduce que las compañías aseguradoras conocían el origen público del dinero con el que se pagaban las pólizas", responde el funcionario Álvaro Urrutia, quien considera que no está dentro del alcance del informe aportado en  su día al juzgado si las aseguradoras "debían oponerse al pago de las comisiones".

En este sentido, la Dirección General de Seguros dice que no es su competencia determinar las "hipotéticas responsabilidades" que pudieran derivarse de la actuación llevada a cabo por las aseguradoras y los agentes, al tiempo que llama la atención sobre el hecho de que eran éstos quienes imponían la comisión que debían percibir por su trabajo a las aseguradoras "prevaliéndose de su capacidad de influencia en las adjudicación de las pólizas".

La instrucción del caso no ha señalado, al menos de momento, la presunta responsabilidad penal de los representantes de las compañías aseguradoras con las que se suscribieron seguros colectivos de rentas -entre ellas Generali, Vidacaixa y BBVA Seguros- como cooperadores necesarios de un delito de malversación ni tampoco ha considerado llamar al procedimiento a las compañías como responsables civiles directos, como pidió el propietario de la mediadora Uniter e imputado en el caso (José González Mata). "Eran las aseguradoras quienes pagaban las comisiones a pesar de saber su alta cuantificación", recordó González Mata, quien mantiene que la comisión que él percibía no era dinero público sino que eran cantidades que satisfacían las aseguradoras para las que mediaba.

Lejos de matizar sus conclusiones, la Dirección General de Seguros insiste en que el cálculo que hizo hace tres años tras estudiar las pólizas sufragadas durante la última década por la Junta de Andalucía y bajo sospecha judicial es "conservador" y debe entenderse en "términos de mínimos" a tenor de la documentación manejada, no descartando que el montante señalado pueda ser incluso superior.

La juez encarga a los peritos que cuantifique el "perjuicio total" a la Administración por las "primas infladas"

Eso es lo que tendrán que calcular ahora. En un auto fechado el pasado 7 de abril, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada Núñez Bolaños pide a los peritos de la Dirección General de Seguros un informe "cuantificando aquellas cantidades abonadas por la Junta, en concepto de prima, que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas" y que suponen "primas infladas", a fin de conocer el "perjuicio total ocasionado en este concepto a la Junta de Andalucía". Ese estudio deberá reparar también en los gastos de administración y adquisición, detalla la juez.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía reitera que las retribuciones a las empresas mediadoras "no se hizo en términos de mercados" y que es "frecuente" no utilizar los servicios de estas compañías en la formalización de este tipo de seguros, como demuestra el hecho de que la mitad de las primas firmadas por Generali en productos similares "no tuvieron comisión". En las que sí se aplicó, la media efectiva fue del 1,4%, muy superior a los porcentajes aplicados en muchas pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

El informe deja claro la innecesariedad de recurrir a los servicios de mediadoras y que la Administración andaluza podría haberse ahorrado dinero de haber recurrido a concursos públicos. "Si se hubiera acudido a un proceso competitivo, como por ejemplo un concurso, no había sido necesaria la utilización del mediador para esa tarea", razona Urrutia.

La principal comisionista, condenada en Eurobank

Las posibilidades de que la Junta de Andalucía pueda recuperar en el futuro el exceso de comisiones abonado en la formalización de pólizas de prejubilaciones con cargo al fondo de reptiles se desvanecen aún más. La Audiencia Nacional ha condenado a pena de prisión a una ex administradora de Vitalia, una de las dos mediadoras que se lucró con el negocio millonario de los ERE andaluces, y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de esta antigua compañía catalana por la quiebra de Eurobank.

En una sentencia notificada este lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a María Vaqué a la pena de dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva de la entidad financiera intervenida por el Banco de España en 2003 y que tenía como presidente a Eduardo Pascual, principal procesado en esta causa pero que no ha podido ser juzgado al encontrarse huido desde hace casi dos años. Vaqué tendrá que indemnizar a los accionistas que interpusieron la querella con 4,4 millones y, solidariamente con el ex directivo también condenado Manuel Vicente Fernández Nieto, con otros 5,1 millones.

El tribunal ha concluido que, de conformidad con los dos condenados, Eduardo Pascual constituyó un grupo de sociedades patrimoniales controladas directa o indirectamente por él y que los tres cometieron abusos en sus funciones directivas generando "un perjuicio al banco y a sus accionistas".

Vitalia era una de las dos compañías -junto con la gaditana Uniter- que se repartió el negocio de la pólizas de prejubilaciones a trabajadores de empresas en crisis o afectadas por procesos de reestructuración y que financió la Administración andaluza. Según dictaminó la Dirección General de Seguros, el grupo Vitalia percibió al menos 36,2 millones de euros en sobrecomisiones por su intermediación en la contratación de los seguros colectivos de rentas.

Huido de la Justicia

Eduardo Pascual y María Vaqué son dos de los 19 imputados en la pieza separada en la que la juez del caso ERE investiga el dinero que la Junta pagó a Vitalia y Uniter por su labor de intermediación ante las compañías aseguradoras para la suscripción de pólizas de prejubilaciones sufragadas por la Junta.

Cuando se declaró en paradero desconocido, el hoy fugitivo se encontraba en libertad condicional tras haber pasado más de 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla por su presunta implicación en el caso ERE. En concreto, ingresó el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de julio de 2014, tras depositar la fianza de 6.000 euros que le impuso la magistrada Mercedes Alaya cuando aún era la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El dinero lo aportó un hermano.

La huida de la Justicia de Eduardo Pascual se produjo semanas después de que hubiera solicitado sin éxito a la Audiencia Nacional que le devolviera el pasaporte, una medida que consideraba indispensable para poder obtener un empleo -aseguraba tener dos ofertas de trabajo en el extranjero y ninguna opción laboral en España- y para completar la documentación que acreditaría cómo dinero destinado a pagar prejubilaciones de trabajadores andaluces se desvió a inversiones inmobiliarias en el Caribe.

Cuando declaró como imputado el 26 de septiembre de 2014 ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Junta pagó a la mutua Fortia Vida en comisiones acabaron invirtiéndose "en dos hoteles en República Dominicana" controlados por "empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional".