A Ignacio González (Madrid. 1960), ex presidente de la Comunidad de Madrid, se le atribuye el liderazgo de una organización criminal en el PP regional y la responsabilidad directa sobre un agujero económico de más de 60 millones de euros provocado por su mandato al frente de la empresa pública de gestión de aguas del Canal de Isabel II.

La detención practicada este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) ha hecho caer a González de un alambre por el que caminaba desde hace ya un tiempo. La lentitud de  su ascenso -vicepresidente regional entre 2003 y 2012, presidente desde entonces hasta 2015 por la enfermedad de Esperanza Aguirre- ha sido inversamente proporcional a la rapidez de su caída: en menos de dos años ha pasado del sillón principal de la Real Casa de Correos al asiento trasero de un Opel Insignia de la Guardia Civil.

Una trayectoria marcada decisivamente, tanto antes como después de alcanzar su cima política, por su mandato en el Canal, que coincidió con su etapa como vicepresidente. Durante esos nueve años, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le imputa junto a otros once detenidos los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsificación y corrupción en los negocios.

Espionaje en Colombia

Los tribunales investigan esta trama desde 2015. Su propio partido, que hoy mismo le ha suspendido la militancia, lo hacía ya desde mucho antes. Es el llamado ‘caso Espías’, que involucró directamente a Ignacio González en el año 2008 cuando un detective privado le siguió durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) junto al resto de la cúpula del Canal de Isabel II.

En ese viaje, en el que le acompañaban el gerente Ildefonso de Miguel y el también detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces presidente del Canal en el extranjero, a González se le podía ver con unas bolsas cuyo contenido se ha enfrentado a especulaciones de todo tipo. Según el ex presidente, eran toallas. Según los investigadores, dinero en efectivo.

La obtención y difusión de esas imágenes, en todo caso, costaron al detective Mariano Ortiz y al responsable que le subcontrató, Julio Gutiez, una investigación judicial por revelación de secretos. Contra ella, sin embargo, ambos preparaban defenderse con más pólvora. En una reunión que mantuvieron en el año 2010 en un hotel madrileño y que destapó el diario El Mundo, Gutiez aseguraba contar con “los papeles” que demostrarían que González cobraba una comisión de “un millón de dólares por obra” a través de dos empresas radicadas “en Colombia y en Santo Domingo”. “Como me den, eso sale para arriba”, amenazaba el empresario en ese encuentro.

Operación Lezo

La obsesión de González desde entonces fue averiguar quién y por qué había ordenado ese espionaje. Según reveló el citado diario, en una reunión producida un año más tarde entre enviados del ex presidente y los abogados del detective, éstos confesaban que la operación la encargó el Partido Popular, que costó 300.000 euros y que se tramitó a través de facturas falsas.

El asunto, judicializado e investigado además en una comisión en la Asamblea de Madrid, ha seguido dejando titulares. El propio Gutiez dejó caer hace apenas un mes, a preguntas del PSOE, que “a lo mejor sí” había puesto en manos de los magistrados los “papeles” a los que se refería en la reunión con su subcontratado, hace siete años.

Sobre esto, un detalle llamativo: el espionaje se produjo en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, la misma en la que murió el almirante español Blas de Lezo, el comandante general de la Armada Española que defendió ésta plaza del asedio británico en 1741 pese a haber perdido en batallas previas la pierna izquierda, el ojo izquierdo y el brazo derecho. Es el heroico mediohombre, como le bautizaron los libros de Historia, que ahora da nombre a la operación policial que ha terminado con González detenido. ¿”Salieron para arriba”, como amenazaba el detective Gutiez, los “papeles” que se reservaba si el asediado, finalmente, era él?