El acuerdo presupuestario PP-PNV ya tiene precio: 1.400 millones de euros. Lo ha detallado esta mañana el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, quien ha comparecido para dar a conocer las condiciones del pacto que anoche firmó junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en Madrid y que da carpetazo a cerca de una década de desavenencias financieras entre la administración del Estado y el Ejecutivo vasco en torno al pago anual del Cupo.

Azpiazu ha asegurado que el acuerdo alcanzado establece un pacto para liquidar definitivamente los ejercicio del periodo 2007-2016, en los que ambas Administraciones acumulaban discrepancias sobre qué debía pagar cada una de ellas. El Cupo, que fija la cantidad que el País Vasco debe asumir sobre las competencias que el Estado ejerce en Euskadi por no estar transferidas, arrastraba diferencias que inicialmente el Ejecutivo de Urkullu había situado en torno a los 1.600 millones de euros. Finalmente, y una vez “que nos hemos puesto a hacer las cuentas”, ha señalado Azpiazu, la cantidad que el Estado deberá devolver a Euskadi se ha acordado en 1.400 millones de euros.

La devolución de esas cantidades se llevará a cabo a lo largo de los próximos cinco años y de modo creciente. Para este ejercicio 2017 se ha pactado que se reintegre por un importe equivalente al 10%, es decir, 140 millones. El próximo ejercicio sería el 15%, el 20% para el ejercicio 2019, el 25% en 2020 y finalmente el 30%, es decir 420 millones de euros, para el último ejercicio del quinquenio, el 2021.

El reintegro de estas cantidades se llevaría a cabo en forma de reducción del importe de Cupo que cada año deberá asumir la Administración vasca. De esta forma, las arcas de las haciendas vascas gozarían de una mayor disponibilidad económica para financiar las políticas de las que sí son competentes las instituciones vascas.

Un cupo ‘base’ hasta 2021 de 1.300 millones

En el acuerdo también se ha fijado el “cupo base”, el relativo a 2017, que se aplicará para los próximos cinco años en una futura Ley Quinquenal del Concierto que definirá las relaciones financieras entre ambas administraciones en el periodo 2017-2021. A partir de ese año “base”, cada ejercicio se irá actualizando el importe que Euskadi deberá asumir. Para este año el cupo determinado es de 1.300 millones de euros, si bien de ellos se descuentan 344 millones de euros en concepto de políticas activas de empleo que debe financiar el Estado, con lo que el Cupo líquido que debe pagar el País Vasco será de 956 millones de euros.

Inicialmente en el proyecto de presupuestos que elaboró el Gobierno de Rajoy se había fijado un Cupo de 1.202 millones de euros, tras rebajarlo de los algo más de 1.500 en los que lo estableció para 2016. El Gobierno vasco consideró que el importe que debía asumir era de 850 millones de euros. Por tanto, además de lograr un acuerdo para la devolución de los 1.400 millones acumulados desde 2007 por desavenencias en su cálculo, el Gobierno vasco ha obtenido una sensible rebaja del importe del Cupo anual, que ha pasado de los 1.500 en los que se fijó el año pasado a los 956 millones que finalmente se abonarán en 2017.

Estos acuerdos se deberán concretar ahora en dos próximas convocatorias de la Comisión Mixta del Concierto que se celebrará la primera este mismo mes de mayo y otra en julio. Con ellas se quiere dar forma a la futura Ley Quinquenal del Cupo que regirá las relaciones bilaterales en materia financiera entre ambas administraciones hasta el año 2021. La Ley se aprobaría antes de final de año.

El texto firmado también incluye el compromiso para crear grupos de trabajo entre el Gobierno central, el vasco y las tres diputaciones vascas para analizar el efecto tributario del cambio operativo de la planta de Mercedes e Alava, la mayor empresa del territorio, y que concluye el 30 de septiembre.

Azpiazu ha subrayado que uno de los aspectos que mayor incidencia ha tenido en las desavenencias acumuladas ha sido la no convocatoria desde 2011 de la Comisión Mixta del Concierto en la que se debía haber homogeneizado el llamado 2índice de actualización» y fijar un nuevo año «base» para el quinquenio 2011-2016. Sin embargo, la citada Ley que debía haber recogido todos esos parámetros no se elaboró y ha estado prorrogada desde 2011, según los parámetros aprobados en 2007. Las desavenencias ahora resueltas también se refieren a diferencias en lo referente a las políticas activas de empleo.

Esteban afirma que el acuerdo no es un «idilio» de legislatura

El consejero vasco de Hacienda y Economía se ha felicitado por el acuerdo que ha considerado que supone un paso relevante para dotar de “estabilidad financiera” y normalizar las relaciones políticas. Ha destacado que se ha logrado resolver un problema que estaba «enquistado» desde hace una década. Azpiazu no ha aclarado la razón por la que finalmente el PNV ha optado por no escenificar la firma del acuerdo, pese a la relevancia de “histórico” con el que lo ha calificado. Desde la formación de lidera Andoni Ortuzar se sondeó la posibilidad de reconducir la escenificación de un pacto con el PP que no ha sido bien recibido desde algunos sectores del nacionalismo y por el desgaste que podría acarrear.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha comparecido a primera hora de la tarde para comunicar que el acuerdo entre el PNV y el PP supondrá que los cinco diputados del PNV votarán en contra de las siete enmiendas a la totalidad que se someterán a votación. Esteban ha destacado la importancia del acuerdo suscrito que además del acuerdo en torno al Cupo incluye otro tipo de compromisos incluidos en la llamada «Agenda vasca». Entre ellos figura un cronograma con plazos y compromisos par la ejecución del Tren de Alta Velocidad, una de las demandas más prioritarias para la formación nacionalista. Junto a ello, el gobierno de Rajoy se ha comprometido a una «rebaja millonaria» en la tarifa eléctrica que se aplica a la industria y a concebir a la Ertzaintza como una «policía integral».

Esteban ha aclarado que el acuerdo presupuestario no incluye ningún compromiso en lo relativo a la política penitenciaria. También ha aclarado que el compromiso se circunscribe a los presupuestos de 2017, por lo que no se puede hablar de «idilio» de cara al resto de legislatura. Ha reconocido que el actual contexto de acusaciones de corrupción que rodean al PP «no es agradable» para negociar pero que el PNV ha priorizado los intereses generales a la situación. En su opinión, la alternativa a no respaldar las cuentas de Rajoy podría ser un año más sin presupuestos y una repetición de las elecciones, «¿Es esa la situación que queremos afrontar todos? Se debe saber diferenciar entre las cosas y los momentos», ha apuntado. Por último, ha reiterado que pese a que el PNV es «gente seria que cumple sus acuerdos» ello no supondrá que cese en su crítica al Ejecutivo de Rajoy.

Para el PSE «es positivo», para  Podemos «mercadeo»

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia ha valorado «muy positivamente» el acuerdo alcanzado en torno al Cupo. La dirigente socialista considera que de este modo se alcanza uno de los objetivos que PNV y PSE se habían fijado en su pacto de gobierno en Euskadi; terminar con las desavenencias en torno al Cupo. Mendia cree que lo firmado ayer entre Azpiazu y Montoro abre la senda a una nueva etapa y clima de entendimiento que podría aflorar nuevos acuerdos en otras cuestiones como la retirada de recursos a leyes vascas -como la referida a la Ley de vivienda o la relativa a los 2abusos policiales», ambas recurridas por el Ejecutivo del PP-.

Por su parte la secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba, el acuerdo del PNV es «mercadeo» y una utilización del Cupo, «algo que es de todos» para fines partidistas. En su opinión, el pacto en torno al Cupo no evitará que el Ejecutivo de Rajoy saque adelante las cuentas y por tanto aplique «recortes sociales».

Para el PP vasco el acuerdo es una buena noticia. El presidente de los populares en Vizcaya, Anton Damborenea, «el lío del Cupo lo crearon el PNV y el PSOE y es un Gobierno del PP el que lo ha desbloqueados y solucionado».