El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido declarar por videoconferencia ante el tribunal que juzga la primera etapa de la Gürtel, de 1995 a 2009. En calidad de jefe de Ejecutivo no sólo puede comparecer desde su despacho, sino que se tiene en cuenta su agenda gubernamental para encajar dicha comparecencia que será, según señalan en el PP, «antes del verano», pero aún sin fecha. El PP justifica esta fórmula de declaración en su intención de «no contribuir al circo», según ha expresado su portavoz Rafael Hernando.

En este punto, el dirigente popular ha asegurado que «no tiene sentido que [Rajoy] hable sobre un tema sobre el que no tiene conocimiento alguno», y que «podían llamar a Rajoy como al Papa de Roma porque saben lo mismo». Hernando ha criticado la decisión del tribunal de pedir esta declaración y ha asegurado que «el asunto está mal planteado»: «Lo único que busca es montar un circo. Los que buscan esa foto y ese circo son los señores del PSOE; IU y Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa)».

La declaración de Rajoy como testigo se produce a petición del tribunal que juzga el caso contra el criterio de la fiscal Concepción Nicolás incluso del juez instructor, Pablo Ruz, que tampoco lo vio necesario. Rajoy se convierte así en el primer presidente del Gobierno en activo que tiene que comparecer ante la Justicia, circunstancia que se evitó con Felipe González durante el juicio de los Gal para no «estigmatizarlo».

En el escrito remitido al juzgado se alega que el plasma “es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio de su cargo” al tiempo que el PP rechaza que la acusación popular que ha pedido su comparecencia, esto es, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), pueda personarse en Moncloa para tomarle declaración.

Dice el escrito que Adade «quiere imponer una serie de consideraciones en relación con la forma en que ha de practicarse la declaración de un testigo, como es la del Presidente del Gobierno, olvidando la regulación existente, la práctica judicial, así como que esa es una decisión discrecional del Tribunal que debe acordar de oficio o a instancia del interesado».

Moncloa apela también a cuestiones de seguridad y orden público

Recuerda en este sentido que no habiendo resuelto el Tribunal de oficio la forma en la que deberá declarar el testigo y, habida cuenta de la regulación legal mencionada, éste podrá solicitar que la forma en que se practique su declaración, «sea a través del sistema de videoconferencia». Además, la agenda del presidente del gobierno «es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de sus ciudadanos», por lo que se causaría un «perjuicio evidente que causaría al desempeño de dicho cargo público la paralización de su actividad para comparecer en persona ante eseTribunal. Lo anterior sin tener en cuenta todos los imprevistos y cuestiones de Estado que debe atender un Presidente del Gobierno tanto dentro como fuera de nuestras fronteras».

Asimismo, apelan a cuestiones de seguridad y de orden público y esgrimen que su uso «ha sido ampliamente avalada por nuestros Tribunales y obedece a razones de operatividad que no pueden ser, ni son  ajenas, a los órganos de administración de justicia».