La ANC y Òmnium Cultural han pagado la multa de 30.000 euros que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex conseller Francesc Homs el 9-N, y está previsto que abonen también las del ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, según han confirmado las propias entidades soberanistas. Se trata del primer fruto de la Caja de Solidaridad anunciada por los presidentes de Ómnium y ANC el pasado lunes, durante la concentración de apoyo a Carme Forcadell en su segunda citación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer dictámenes del Tribunal Constitucional sobre el proceso independentista.

Una campaña de captación de fondos que según ha avanzado La Vanguardia ha recaudado 100.000 euros en esta primera semana y ha permitido hacer frente a la multa impuesta a Homs, cuya sentencia ya es firme, puesto que en su calidad de aforado fue juzgado por el Tribunal Supremo. La voluntad de las entidades soberanistas es cubrir también los 36.000 euros de multa que le impuso el TSJC a Mas, los 30.000 de Ortega y los 24.000 de Rigau, pero los tres están pendientes de recursos ante el Supremo.

Rigol, Benach y De Gispert, auditores

La Caja de Solidaridad impulsada para sufragar estas multas cuenta con el respaldo de los tres ex presidentes del Parlamento catalán, los democristianos Joan Rigol y Núria de Gispert y el republicano Ernest Benach, que han asumido el papel de «auditores externos» de la caja. Un dinero que, según explicó Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se dedicará a personas particulares afectadas por defender el derecho a decidir. Entre los beneficiarios se ha incluido también al fotoperiodista Joan Guirado, multado por insultar a agentes de la Policía Nacional que retiraron esteladas durante un partido de fútbol, aunque Guirado no cumple el requisito de haber sido multado por «obedecer iniciativas acordadas por los partidos o las entidades soberanistas».

El dinero recaudado no se destinará a sufragar las multas interpuestas a la ANC y Òmnium por cuestiones relacionadas con la protección de datos, según los impulsores de la colecta, que sí contemplan la posibilidad de sufragar las sanciones a ayuntamientos que mantienen las banderas esteladas en el balcón del consistorio, entre otras cuestiones.

Se trata, aseguran sus impulsores, de demostrar la unidad del independentismo. El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart señaló en su presentación que «una de las vías de represión del Estado son las multas a personas individuales que ven cómo peligra su patrimonio» y aseguró que este fondo de ayuda es «una mala noticia para el Estado».