La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comparecido ante los medios de comunicación pasadas las siete de la tarde, cuando ya se conocía que el juez Eloy Velasco y la Fiscalía no tenían intención de imputarla. Ha defendido que el informe de la UCO  que pedía investigarla «es una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico alguno». «Se está construyendo un relato con algunos elementos de apariencia de veracidad pero que es una sucesión de juicios de valor, como parece que entiende el juez Velasco», ha insistido.

«Reitero que en todos los años que fuí presidenta de la mesa de contratación, en el cien por ciento de los casos, las decisiones se tomaron por unanimidad y en base a informes técnicos. Entiendo que mi actuación fue conforme a la ley», ha afirmado contundente en la Puerta del Sol. Ha agregado que las  decisiones sobre adjudicaciones no sólo son colegiadas sino que se toman por unanimidad, de modo que «jamás la representación política entró a valorar las propuestas que hacían los servicios técnicos de la cámara».

Además, ha recordado que, en el caso de Fundescam fue vocal hasta 2008 y su única participación «fue aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Nunca fui apoderada ni participé en ninguna decisión económica». Las adjudicaciones que están en cuestión afectan a las de 2009 y 2011.

Mi cuenta corriente tiene cuatro ceros», afirma la presidenta.

En cuanto a si teme que con este asunto la moción de censura en la Comunidad de Madrid anunciada por Podemos tome impulso, ha dicho no temer nada salvo el descrédito de las instituciones. Ha hecho una reivindicación reiterada de su persona argumentando que «soy una persona honesta, no tengo propiedades, ni bienes.  Mi cuenta tiene cuatro ceros y no voy a tolerar que ningún partido ni medio ponga en cuestión mi honorabilidad. Voy a poner en marcha todas las acciones porque no voy ha consentir que mi nombre y honorabilidad se pongan en duda». En este sentido, reta al resto de los. partidos a comparar patrimonios.

«Me estoy dejando la piel y la salud. Hace mucho daño un titular en prensa», ha lamentado para agregar que no está en política «para ganar dinero. Ofertas no me han faltado, pero creo en el servicio público y en que mas que nunca es importante devolver el prestigio a las instituciones».

En un comunicado, la Comunidad señala que «el proceso de contratación al que se hace referencia no responde a ninguna decisión individual, sino que es un proceso reglado», en el que intervienen tres órganos colegiados de manera sucesiva, y que cuenta con miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria. De hecho, las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, «a criterios técnicos».

El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

La Guardia Civil ha pedido este martes investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por adjudicaciones al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. Los agentes de la UCO acusan también a la presidenta de la Comunidad  de Madrid de haber desempeñado un papel clave en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al ex presidente de la patronal madrileña, dueño del grupo Cantoblanco.

En un informe de la UCO del pasado 1 de marzo que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, “se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones”.