El Parlament ha aprobado por 103 votos a favor, 29 abstenciones y 3 noes las dos resoluciones de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) y la CUP para instar al Govern a acusar a CDC en el caso del Palau de la Música. Una votación que ha dividido a JxS entre el apoyo de ERC a las peticiones de la oposición, la abstención del PDCat y el voto en contra de tres independientes. Es el resultado de las presiones ejercidas desde el Ayuntamiento de Barcelona y los partidos de la oposición por la inhibición del Consorcio del Palau de la Música forzada por la Generalitat pese a las peticiones del Ayuntamiento.

«Estamos cumpliendo con los criterios jurídicos en defensa de los intereses generales y no damos instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat» ha asegurado la portavoz del Govern, Neus Munté, en respuesta parlamentaria al portavoz de la CUP Benet Salellas para defender la postura del Govern en este caso. Una postura que ya solo defiende el PDCat.

Se trata de una abstención para permitir el debate, «para decir basta a quienes usan este caso para tapar sus vergüenzas» ha asegurado el ex convergente Albert Batet en referencia a Comunes y C’s. Batet ha defendido además que su partido «cree más al Palau y a la Fundación que al Ffscal» al que ha acusado de instigar la acusación contra Convergencia a cambio de la rebaja de casi 20 años en la pena solicitada para Gemma Montull. «Una abstención para apoyar al Govern que tomó una decisión de forma unánime y colegiada» ha concluido en una clara puya a sus socios de Esquerra.

Batet ha hecho estas consideraciones en un debate en el que JxS ha divido su tiempo en tres tandas para que pudieran participar diputados del PDCat, ERC, los independientes. En defensa de los republicanos, Gerard Gómez del Moral ha defendido el apoyo de su partido a las resoluciones por la trayectoria republicana de lucha contra la corrupción para rebatir las criticas recibidas tanto desde la CUP como desde CSQP o C’s, que han afeado a ERC su postura de ayer en la reunión de Govern.

«La primera vía de impunidad es el silencio, la de evitar comparecer en los procedimientos» ha apuntado el cupero Benet Salellas para defender su moción. «Esto no es cuestión jurídica, es política, tan política que la nueva jefa de gabinete jurídico modificó la posición del Govern cuando entró Ciu». Un cambio de postura en los servicios jurídicos de la Generalitat que también ha recordado Lluís Rabell, portavoz de CSQP.

Petición de penas

El juicio del Caso Palau se vive hoy en dos pistas paralelas: la Sala que juzga la causa en la Ciudad de la Justicia y el Parlamento catalán. Mientras en el Parlament se dividía el grupo de JxS, las acusaciones han presentado sus conclusiones definitivas, en las que el fiscal Emilio Sánchez-Ulled ha rebajado las peticiones de pena para los autores confesos y elevado las el ex tesorero de CDC, Daniel Osácar, y los dos responsables de Ferrovial responsabilizados de orquestar las comisiones. Un trámite en el que el abogado del Consorcio se ha mantenido al margen de las acusaciones contra CDC, tal y como quería el PDCat, por lo que el debate en el Parlament ha sido, en este sentido, infructuoso.

Fuentes jurídicas argumentan que el Consorcio tiene dos semanas de margen, puesto que podría presentar una modificación de sus conclusiones el viernes 26, cuando deben presentarse las conclusiones de las defensas. Pero si esas conclusiones difieren mucho de lo argumentado inicialmente podrían abrir la puerta a un recurso de nulidad instado por parte de las defensas.

En su escrito, Sánchez-Ulled eleva a ocho años la petición de pena para Osácar, y de 4,5 a 5 años las penas para los ex directivos de Ferrovial acusados, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura. Por contra, los principales acusados salen claramente beneficiados de su acuerdo con la Fiscalía: Félix Millet pasa de 27 a 14 años y 9 meses, mientras su mano derecha, Jordi Montull, afronta una petición de mena de 10 años y 10 meses. Y su hija, la mayor beneficiada, podrá esquivar la cárcel al reducirse su petición de pena a tres años con uno sustituible por multa.

El fiscal reclama además a CDC el pago de 6,6 millones de euros que considera acreditado que el partido recibió en concepto de comisiones irregulares pagadas por Ferrovial a cambio de concesiones de obra pública de la Generalitat.

Forzar el cambio en el Consorcio

El objetivo de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament no es otro que forzar que el abogado que representa al Consorcio del Palau de la Música pida hoy un aplazamiento en la presentación de las conclusiones definitivas para permitir que el Palau cambie su postura inicial en contra de acusar a CDC. Una postura que el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido revisar tras las confesiones de Félix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma en las que acusaban a Convergencia de haber utilizado la institución cultural como vehículo para cobrar comisiones de las empresas concesionarias de las grandes obras de la Generalitat, especialmente Ferrovial.

El Parlament ha aprobado por unanimidad incluir en el pleno el debate y votación de las propuestas de resolución de CSQP y la CUP en las que se solicita que el Govern reconsidere su posición en el Consorcio en la reunión convocada el próximo martes por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En este contexto, ERC ha convocado una reunión de urgencia de su ejecutiva ampliada, con presencia de la mayoría de diputados republicanos en el Parlament, en la que se ha decidido «de manera unánime», en relación con la votación que tendrá lugar este miércoles, «perseguir todos los casos de corrupción y llegar hasta el final de manera inequívoca». Una postura que contradice la unanimidad con la que el Govern acordó ayer mantener su postura en el caso Palau.

En un comunicado, ERC ha señalado que con esta decisión se «reafirma en su compromiso de combatir de manera inequívoca la corrupción, avalado por su trayectoria impecable durante 86 años de existencia».