La Generalitat será la responsable de que el Palau de la Música no recupere los 6,5 millones de euros que según la Fiscalía se derivaron de esta entidad cultural para financiar ilegalmente a Convergencia Democrática (CDC), por impedir que el Consorcio del Palau se sume a la acusación contra el partido de Jordi Pujol y Artur Mas. Así lo han asegurado hoy el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, y el ex director del Palau y actual gerente de Recursos de Barcelona, Joan Llinares, en una comparecencia destinada a reclamar a la Generalitat y el Gobierno que reconsideren su postura para que el Consorcio pueda sumarse a las acusaciones el miércoles, cuando las acusaciones deben elevar sus conclusiones definitivas ante la sala que juzga el caso Palau.

«Interpelamos al Gobierno y la Generalitat a cambiar su posición» ha reclamado Asens, quien ha insistido una y otra vez en que «hasta el miércoles hay tiempo, después es mentira que se pueda revisar la posición del Consorcio» como ha señalado el conceller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, para justificar su posición en el juicio del caso Palau.

El viernes, el Consorcio del Palau se reunió para votar la petición del Ayuntamiento de Barcelona de modificar su postura en el juicio del caso de desfalco de la insitutición para sumarse a la acusación de la Fiscalía y la acusación popular sobre la financiación irregular de Convergencia, en la que el ministerio público ha acreditado el desvío de 6,5 millones de euros al partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

Una votación que llegaba después de que hace un mes el Consistorio barcelonés pidiera por primera vez el cambio de postura del Palau en el juicio atendiendo a las confesiones de Félix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma, además de los empresarios también imputados, en el sentido de que Convergencia había orquestado una vía de financiación irregular constante a través de la institución para recibir pagos de empresas adjudicatarias de las grandes obras de la Generalitat, como Ferrovial.

Cisma entre ERC y el PDCat

Pero la Generalitat se ha negado a apoyar este cambio de postura del Consorcio, alegando que podría provocar «indefensión» y que queda tiempo para revisar la posición del Consorcio, argumentos rechazados hoy por Asens y Llinares. «Se trata de un claro caso de instrumentalización de las instituciones en defensa de un partido» ha lamentado el teniente de alcalde, «el juicio ha consolidado la posición de la Fiscalía y la acusación particular sobre CDC» tras las declaraciones de los testigos, los peritos «y sobre todo las confesiones de los principales acusados».

En este contexto, se ha felicitado por las críticas de la número dos de ERC, Marta Rovira, quien ha lamentado en twitter la postura del Gobierno catalán en el que participa su partido y ha llamado a Cultura a reconsiderar su posición. «ERC cree que se tiene que ir hasta el final, como siempre hemos dicho! El Departamento de Cultura debería repensarselo. El autonomismo ha muerto!» afirmaba Rovira, a lo que Asens ha respondido confiando en que los republicanos vayan más allá y arranquen un cambio de postura de la Generalitat antes del miércoles.

El papel del Estado

El dirigente de los comunes y responsable municipal no ha querido valorar oficialmente la postura del Gobierno, al que también ha interpelado para que intervenga en este conflicto y permita que el consorcio se sume a la acusación contra CDC. Pero lo cierto es que en le Palau nadie se explica, sin atribuirlo a motivos políticos, por qué el representante del Ministerio de Cultura que también aporta jugosas subvenciones al Palau de la Música se ha saltado las dos reuniones referentes a la posición jurídica en el juicio del caso Palau, las únicas a las que no ha asistido.

Una inesperada ausencia que en los mentideros se ha asociado rápidamente a los problemas judiciales por causas de corrupción y presunta financiación irregular en los que viven inmersos tanto la antigua Convergencia como el PP, y en la buena relación entre los titulares de Cultura de ambos gobiernos, Iñigo Méndez de Vigo y Santi Vila.

Dinero perdido por el Palau

Lo cierto, sin embargo, es que la inhibición del Consorcio en la acusación contra CDC tendrá gravosas consecuencias para la institución cultural. Si no se declara víctima de la financiación irregular de Convergencia, el Palau no podrá reclamar los 6,5 millones de euros decomisados al partido por este delito que han sido acreditados por la Fiscalía, de modo que este dinero pasará a engrosar las arcas del Estado. En caso contrario, fuentes del Ayuntamiento confirman que se han realizado gestiones con la Fiscalía y la acusación popular para que el Consorcio pueda reclamar para sí ese dinero en calidad de víctima.

«Hasta el miércoles hay tiempo para elevar las conclusiones definitivas en el proceso penal» ha apuntado Llinares tras lamentarse «quién puede sostener que el Palau no ha sido víctima en este proceso».

Asens ha ido más allá y ha acusado a la Generalitat de una «actuación irresponsable» de la que podrían derivar consecuencias legales. El teniente de alcalde ha apuntado la posibilidad de que el Consorcio pudiera iniciar en el futuro acciones legales contra la Generalitat por haber impedido con su postura que el Palau pudiera recuperar ese dinero.

David Madí y los tentáculos de CDC

Una postura en la que los tentáculos de CDC se han movido con habilidad para evitar las acusaciones contra el partido, no sólo desde el Consorcio. En cuanto ganó la presidencia de la Generalitat, en 2012, una de las primera decisiones de Artur Mas fue sustituir al jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, cuya primera misión fue cambiar la postura del Govern en la instrucción del caso Palau para eliminar la acusación contra CDC.

Lo mismo sucedió con la Diputación de Barcelona, cuando CDC obtuvo la mayoría en la institución. Y recientemente se ha reproducido en el Patronato del Palau, donde David Madí -ex mano derecha de Artur Mas en la Generalitat- que actúa en representación de los mecenas en su calidad de consejero de Endesa, ha evitado que se cambie de postura en contra de CDC.