El Gobierno de la Generalitat pedirá el aval de la Comisión de Venecia al referéndum de independencia, y conseguirá así el apoyo de CSQP -Podemos, ICV y los Comunes de Ada Colau- a la convocatoria unilateral de la consulta, sin acordarla con el Gobierno, pese a que es el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que ostenta la competencia exclusiva en este ámbito. La alianza de JxS y los comunes se ha escenificado hoy en el Parlament con la aprobación de una moción de la confluencia de izquierdas catalana que aboga por pedir el aval de este organismo consultivo.

JxS rechazó hace dos semanas esta posibilidad, avanzada en el último pleno del Parlament por el portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, y ha negociado hasta el último momento el texto finalmente aprobado en el que se ha introducido una enmienda que reivindica la vigencia del «mandato parlamentario» para la celebración del referéndum.

El texto aprobado insta al Govern «a poner en marcha con carácter urgente la iniciativas necesarias para disponer del asesoramiento, reconocimiento y aval de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho respecto a las condiciones que debería cumplir la convocatoria del referéndum para cumplir los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia».

La Comisión de Venecia es un organismo asesor del Consejo de Europa, que recientemente criticó la reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el Gobierno para dotarlo de competencias ejecutivas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias.

CSQP ya no pone limites a la unilateralidad

Tras la votación con el avala de JxS y CSQP, y la abstención de la CUP, Coscubiela ha defendido que su propuesta no pretende imponer limitaciones a la celebración del referéndum unilateral. «No planteamos el reconocimiento previo como limitación. No es una limitación, es un elemento para buscar el apoyo internacional ante la situación de absoluta beligerancia en contra del Estado español a la celebración del referéndum» ha señalado el portavoz de CSQP.

La número dos de ERC, Marta Rovira, ha advertido por su parte de que es responsabilidad del Gobierno pedir el aval de la Comisión de Venecia, por lo que la Generalitat trasladará al Ejecutivo esta petición. «Si el Gobierno, ellos bajo su responsabilidad nos colocan en marco de no dialogar y no aceptar referéndum la Generalitat ha de seguir trabajando para cumplir los mismos estándares internacionales de la mejor manera posible» ha concluido para dejar claro que su formación no renuncia al referéndum unilateral.

El texto de la moción secundada por JxS señala además que la misma resolución del Parlament que proponía la celebración del referéndum «determina en otro de sus apartados que antes del 31 de diciembre de 2016, debe constituirse una comisión de seguimiento para el impulso, el control y la ejecución del referéndum, que no se ha constituido. Del mismo modo que tampoco se ha hecho público el contenido del Proyecto de ley de Régimen Jurídico catalá» la conocida como ley de transitoriedad, que JxS asegura tener redactada pero se niega a hacer pública.