José Manuel García Margallo tiene un plan para Cataluña. Un plan que junto a la denuncia de iniciativas ilegales como el referéndum de independencia propone reformas en la Constitución y el sistema de financiación para desactivar el conflicto y que, evidentemente, no coincide exactamente con los designios del Gobierno de su partido. Pero eso no ha impedido al ex ministro de Exteriores de Mariano Rajoy mostrar su proyecto, que el próximo septiembre se presentará en forma de libro, coincidiendo con la supuesta celebración de la consulta independentista. Con Francesc Cambó como referente, Margallo insiste en que no se puede obviar la cuestión catalana porque esto sólo lleva a agravarla.

Por una convivencia democrática es el título que incluye desde una reforma ya articulada de la Constitución a la propuesta de un nuevo modelo de financiación. Un texto con prólogos de Josep Piqué y Alfredo Pérez Rubalcaba que aspira a convertirse en la respuesta articulada del constitucionalismo al discurso nacionalista. Por eso, José Manuel García Margallo ha multiplicado sus visitas a Cataluña en las últimas semanas -las dos últimas para participar en sendos debates sobre el proceso independentista con la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y el diputado de JxS Germà Bel- y promete reincidir en los próximos meses.

Ministro de Exteriores y de la cuestión catalana

De hecho, durante la pasada legislatura el actual diputado ya se convirtió por cuenta propia en el portavoz oficioso del Gobierno de Rajoy respecto a la cuestión catalana, algo que llenaba de alborozo a los independentistas, que veían un irónico reconocimiento a sus aspiraciones que la única respuesta llegara del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque en el PP muchos discutieron ese papel, especialmente a raíz del debate protagonizado entonces con Oriol Junqueras en 8TV durante la campaña de las autonómicas. Éste se convirtió en el principal acto de campaña del líder de ERC, que concurría como número cinco de Junts pel Sí (JxS), con quien Margallo mantiene fluida relación desde que ambos coincidieron en Bruselas.

Ya entonces defendía en el seno del Gobierno la necesidad de una reforma constitucional y de un modelo de financiación autonómico revisado, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó «abrir ese melón» en un momento de crisis económica en el que no podía ofrecer recursos adicionales a las comunidades autónomas. Una «oportunidad perdida» en opinión de Margallo.

La tesis, que vuelve a defender en su libro, parte de una reforma de la Constitución «no pensada únicamente para satisfacer a Cataluña», pero que permita evitar los conflictos actuales por la vía de clarificar las competencias de uno y otro nivel administrativo además de actualizar elementos como la sucesión en la Monarquía o el papel del Senado.

Además, aboga por recuperar la Disposición Adicional Tercera del Estatut, parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, en la que se fija la necesidad de equiparar el esfuerzo inversor en Cataluña a su participación en el PIB nacional, como marco de referencia para una mejora en las infraestructuras que desactive el descontento catalán. Y repasa todos los estudios de balanzas fiscales para argumentar la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica transparente, en el que se fijen unos servicios esenciales sufragados por el Estado de forma igualitaria en todas las comunidades y su participación en una cesta de impuestos como sucede ahora para garantizar la corresponsabilidad fiscal.

Ley de lenguas

El ex ministro no olvida la importancia del catalán, como el resto de las lenguas propias, y señala la necesidad de aprobar una Ley de lenguas oficiales que garantice su reconocimiento. Un «estatus al catalán en todo el resto del sistema educativo español» con el que se trataría, explica, de un «reconocimiento simbólico de la importancia del catalán, que es tan español como el castellano».

Todo ello sin obviar su firme oposición a la celebración de un referéndum ilegal. Postura en la que García-Margallo no deja de recordar que ya se quedó solo en la pasada legislatura, cuando propuso tomar el mando de los Mossos d’Esquadra para evitar la celebración del 9N, posibilidad que el Gobierno rechazó. Se refiere sin complejos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para evitar el referéndum anunciado por Carles Puigdemont y argumenta que «la misión de cualquier gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes», y «un acto ilegal como un referéndum de secesión no se puede celebrar».