Mientras Carles Puigdemont intensifica sus relaciones epistolares, ora con el presidente del Gobierno, ora con la Comisión de Venecia, el Parlamento catalán sigue dando pasos en el proceso de convocatoria del referéndum independentista. El último, la aprobación hoy de la Ley de la comunidad catalana en el exterior, un texto oficialmente dirigido a actualizar la relación de la Generalitat con los Casals de catalanes residentes en el extranjero.

El texto, la principal iniciativa legislativa del departamento de Exteriores que dirige el conceller Raül Romeva, incluye sin embargo la creación del Registro de Catalanes Residentes en el Exterior, un registro de inscripción gratuita, en el que los grupos no independentistas ven el embrión del censo de residentes en el extranjero de cara al referéndum de independencia.

El gancho para el registro de los residentes en el exterior es la concesión de la tarjeta sanitaria, de la que podrán disponer todos los registrados. Una cobertura que pierden quienes dejan de estar empadronados en Cataluña y que ansían tanto los emigrantes recientes como, sobre todo, quienes llevan décadas fuera de Cataluña y sus descendientes. La Generalitat calcula que la comunidad catalana en el exterior está formada por 284.000 personas, una cifra nada desdeñable con la vista puesta en un referéndum independentista.

El texto se ha aprobado con los votos de la mayoría soberanista de JxS y la CUP, a la que se han sumado el PSC y CSQP. Los socialistas han apoyado la ley pese a que no ocultan sus reservas sobre el objetivo del Registro. Su portavoz, Esther Niubó, ha asegurado que su partido vigilará el desarrollo de la ley porque el registro «no puede ser un censo electoral».

El PP advierte contra el intento de «obtener datos personales para hacer un referéndum ilegal»

Más contundente ha sido el popular Juan Milián, quien ha acusado al Govern de instrumentalizar a los catalanes en el exterior para su proyecto independentista. El Registro, ha advertido Milián, tiene por objeto «obtener datos personales para hacer un referéndum ilegal». Susana Beltrán, de C’s, ha asegurado además que la ley discrimina «a los catalanes que no son independentistas».

Para la portavoz naranja, algunos de los artículos de la nueva ley «no reconocen a todos los catalanes, lo que hará que no acudan a las comunidades en el exterior» y queden excluidos de los servicios que ofrece.

Por contra, el portavoz de CSQP en exteriores, Joan Josep Nuet -querellado junto a Carme Forcadell y los miembros independentistas de la Mesa por haber permitido la votación de la resolución sobre el referéndum unilateral el pasado octubre- no ve problema en que el Registro se convierta en el futuro censo de residentes en el exterior para el referéndum porque «la principal demanda de las comunidades en el exterior es poder votar».