Carles Puigdemont ha retado hoy al Gobierno español ha aclarar si está dispuesto a llegar hasta el final para impedir la celebración del referéndum de independencia; es decir, si está dispuesto a llegar al «uso de la fuerza», cuando se afirma que el Gobierno «hará todo lo necesario» para impedir la consulta.

El presidente de la Generalitat se ha expresado en esto términos durante la sesión de control en el Parlament y en respuesta a una pregunta de su propio grupo. Las advertencias del Gobierno y la negativa de Mariano Rajoy a abrir negociaciones para un referéndum pactado, «no nos disuade, nos anima», ha asegurado Puigdemont.

«Cuando el Estado dice que está dispuesto a todo es cuando te empiezas a inquietar; ha llegado la hora de que el Gobierno y sus socios nos expliquen qué quiere decir estar dispuesto a todo, ¿está dispuesto a usar la fuerza?» ha señalado el presidente catalán, para concluir que «ya está bien de flirtear con los confines del estado democrático».

En una sesión de control marcada por el intercambio epistolar entre Rajoy y Puigdemont por el referéndum de la semana pasada y el endurecimiento de las posturas a uno y otro lado, el presidente catalán ha aprovechado declaraciones del periodista Ernesto Ekaizer y el juez Elpidio Silva para asegurar que «incluso los no partidarios de la independencia tienen ganas de superar estado español que tiene actitud propia de política criminal contra el soberanismo; un Estado con un carácter autoritario».

El Estado español que tiene actitud propia de política criminal contra el soberanismo» según Puigdemont

Y ante la incredulidad de las filas de la oposición, ha concluido indignado que «pueden seguir riendo pero quien reirá último será el pueblo de Cataluña que habrá decidido su futuro libremente. Invito a todo mundo a que distinga entre el campo de la democracia y el de la no democracia».

De nada ha servido que el líder del PSC, Miquel Iceta, le conminara ha abandonar su «manifiesta irresponsabilidad» porque el referéndum unilateral «no tendrá más efectos que el 9N, que no tuvo ningún efecto positivo en el terreno práctico y algunos negativos».

Bronca con los comunes

Puigdemont ha compartido un intercambio especialmente duro con el presidente del grupo de CSQP -la confluencia de Comunes, Podemos e ICV- Lluís Rabell, con quien se han intercambiado acusaciones de manipular el Pacto Nacional por el Referéndum. Rabell ha recriminado al presidente catalán un intento de «enterrar» esa plataforma, integrada por los partidos y entidades soberanistas, los Comunes, Podemos y entidades como sindicatos o algunos colegios profesionales.

«Sabemos quién ha intentado manipular e influir en el pacto nacional» ha señalado Puigdemont en una acusación nada velada a los Comunes, a los que ha recriminado de nuevo que «menospreciar es no ir a las reuniones que convoca el Govern«.

El rifirrafe ha coincidido con la convocatoria, la próxima semana, de una nueva reunión del Pacto Nacional por el Referéndum anunciada hoy por su coordinador, Joan Ignasi Elena, tras el fracaso del Govern en su intento por incorporar a los comunes a la vía unilateral. El ejecutivo catalána se ha apresurado a anunciar que «escuchará» al Pacto y las entidades allí representadas antes de fijar la fecha y la pregunta del referéndum.

Amparo internacional

El presidente catalán ha anunciado, en este contexto, que la Generalitat ya se ha dirigido por carta a la Comisión de Venecia en cumplimiento del compromiso alcanzado con este grupo para buscar cobertura legal a un referéndum no pactado con el Gobierno. CSQP, JxS y la CUP votaron hace apenas dos semanas, en el último pleno, buscar el amparo de este organismo asesor del Consejo de Europa.

«No tenemos problema en desarrollar marco que emana de las resoluciones parlamentarias» ha asegurado Puigdemont, quien sin embargo puso en cuestión este compromiso recientemente en un medio de comunicación, cuando se le recordó que entre los requisitos de la Comisión de Venecia para avalar un referéndum legal se encuentra su respeto a la Constitución y el marco legal vigente o que la ley que le da amparo tenga una vigencia mínima de un año.