La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia atribuye al ex presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en un escrito en el que ha solicitado la apertura de juicio oral en el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística.

En el escrito entregado hoy en la Sala de lo Civil y Penal de ese tribunal, el Ministerio Público considera que dado lo avanzado de las investigaciones, lo procedente es dar este nuevo paso procesal para transformar las diligencias en procedimiento abreviado. De aceptar la sala la solicitud, dará traslado de la propuesta del fiscal a las demás partes personadas en el caso para que se pronuncien sobre ella, y en el caso de las defensas, para que puedan solicitar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

La Fiscalía considera que Sánchez pudo cometer un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de fraude de subvenciones por su actuación desde 2006, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, en la convocatoria del concurso y adjudicación de las obras del auditorio de esa población.

La acusación estatal incluye también en el escrito al arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, y a los altos funcionarios del consistorio que participaron en los trámites del concurso, así como a la empresa constructora. Deja fuera a los miembros de la corporación municipal de entonces, a los que también se investigaba.

El PSOE pide el acta

Tras conocer la posición de la Fiscalía, el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE) ha pedido a Sánchez que entregue su acta de diputado esta tarde, pues «no puede esperar ni un minuto más», dado que ostenta un cargo público pese a que el artículo 54 de la ley autonómica de Transparencia se lo impide al considerar los delitos por los que se le investiga de corrupción.

Según el PSRM, Sánchez solo usa la Asamblea Regional de Murcia «para cobrar y protegerse con su aforamiento». Por su parte, el PP ha destacado que el fiscal no acusa a Sánchez de los delitos de falsedad en documento público ni de malversación y caudales públicos por lo que está también investigado en esta causa. Sin embargo, Podemos, personado como acusación particular en esta causa, sostiene que el fiscal «no elimina esos dos delitos de su acusación, sino que remite su investigación a la pieza separada que se encuentra aún en el juzgado de instrucción de Lorca», y se suma a la petición del PSOE de que Sánchez entregue su acta de diputado.

Los partidos en la oposición recuerdan que el escrito del fiscal se conoce cuatro días antes de que Sánchez haya sido citado a declarar en sede judicial por primera vez como investigado por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y revelación de información reservada en la pieza separada del caso Púnica.