La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado hoy abrir diligencias previas al diputado del PDCat Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas en CDC y después en su primer gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos dentro del “caso 3%” que instruye el Juzgado número 1 de El Vendrell. El juez del “caso 3%”, Josep Bosch, ya había solicitado en dos ocasiones al TSJC que investigara a Gordó, aforado en su calidad de diputado en el Parlament, por su participación como gerente de Convergencia Democràtica en la presunta financiación irregular del partido. Gordó ha abandonado este viernes su puesto en la comisión de Justicia del Parlament, pero no su acta de diputado.

El instructor de El Vendrell señala en su escrito que Gordó -en ese periodo gerente del partido y miembro del consejo de administración de GISA, para pasar después a ser Secretario del Govern y conseller de Justicia- “llevó a cabo presuntamente junto a otras personas una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración autonómica catalana, como contraprestación de dicha adjudicación, para la culminación de la cual terciaba el Sr. Gordó directa o indirectamente ante las autoridades responsables de su decisión, la realización de cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC”, CATDEM y Forum Barcelona.

Esta fue la vía, según el juez Bosch, por la que Gordó habría conseguido presuntamente que la constructora Pasquina S.A. donase a las fundaciones CATDEM y Fórum Barcelona, ambas dependientes de CDC e implicadas también en el “caso Palau”, al menos unos 147.000 euros entre los años 2014 y 2015, a cambio de la adjudicación por parte de la empresa pública de la Generalitat GISA de ciertas obras de mejora local y de ensanche puntual de la Carretera C-55, por un importe licitado de 2.101.864,23 euros, adjudicada a PASQUINA el 24 julio de 2014.

Donaciones y regalos personales

El mismo sistema por el que, según el instructor del caso 3%, el entonces Secretario del Govern consiguió en 2012 de Copisa una donación de 100.000 euros a las fundaciones de CDC, a cambio de la adjudicación de las obras de mantenimiento de varias escuelas públicas de Barcelona por un presupuesto 4,7 millones de euros. Copisa entró además en la UTE adjudicataria de obras en el Puerto de Barcelona por 39,6 millones de euros, una UTE en la que aparecen también Comsa, Acsa y Benito Arnó.

“En ambos casos, señala el instructor, después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas de los correspondientes importes con el Sr. Francesc Xavier Tauler, entonces Consejero Delegado de COPISA”.

Por último, el juez Bosch señala que Gordó “habría obtenido presuntamente, aprovechando sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols -imputado en esta causa, ex dirigente de CDC y casado con la ex comisionada de Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols-, diversos regalos personales de la empresa Oproler S.A. por mediar en la adjudicación a su favor de las obras de adecuación del Instituto de Manresa (Barcelona), por un importe de 2.6 millones de euros.

La CUP exige su cese

La CUP he pedido este viernes la dimisión de Gordó. En un comunicado, el diputado anticapitalista Benet Salellas ha considerado que varios ex cargos del Govern de CDC han recibido a “empresarios controvertidos” y ha concluido que es momento de que empiece a conocerse toda la verdad.

“Hay un hilo que va desde Prenafeta a Gordó y con la imputación de hoy empezamos a tirar del hilo”, ha valorado Salellas, que ha recordado que su partido anunció que se personará como acusación popular en el caso del 3%. La CUP ha explicado que su equipo jurídico estudiará en los próximos días como procede ante la investigación de Gordó, un expediente que se tramitará de forma independiente al resto del caso al tener Gordó la condición de aforado.

Si, como pide la CUP, Gordó dejara el acta de diputado, el ex conseller perdería el aforamiento y este expediente volvería al juzgado del Vendrell (Tarragona) que investiga la causa a la que los anticapitalistas han pedido incorporarse como acusación popular.

Gordó ha abandonado este viernes su puesto en la comisión de Justicia del Parlament, pero no su acta de diputado.