Superado el debate de la moción de investidura, con la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2018 en marcha, “la economía encauzada” y el congreso del PSOE a punto de celebrarse, Mariano Rajoy activa la agenda catalana. Esa será la cuestión prioritaria para el jefe del Ejecutivo los próximos meses, con la fecha del 1 de octubre marcada en rojo en el calendario. Es el día escogido por el presidente de la Generalitat para celebrar una consulta que el Gobierno central impedirá por todos los medios legales a su alcance y en coordinación con Pedro Sánchez y con Albert Rivera.

La unidad de acción en torno al desafío de los independentistas catalanes ha quedado de manifiesto en las dos jornadas del debate parlamentario de la moción de censura. Rajoy quiso dedicarle un amplio capítulo a la cuestión cuando exhortó al aspirante a presidente, Pablo Iglesias, a que explicara su modelo de Estado tras sancionar el derecho de autodeterminación. El mismo asunto lo suscitaron al día siguiente el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

La idea de Rajoy es ponerse en contacto con ellos en breve para coordinar la respuesta a la Generalitat

No fueron discursos calcados, puesto que socialistas y naranjas apelan a la necesidad de una reforma constitucional, que el PP quiere evitar, aunque también con matices entre ellos. Sí hay unidad en torno a la imposibilidad de celebrar una consulta secesionista y Moncloa cree que el debate de esta semana “refuerza la posición de las formaciones constitucionalistas”, categoría que otorgan a PSOE y Ciudadanos. La idea de Rajoy es ponerse en contacto con ellos en breve para ir coordinando la respuesta que dar a la Generalitat.

Y es que además de la convocatoria del referéndum, del redactado de la pregunta y de la compra de las urnas, el gobierno catalán tendrá que hacer emerger su secreta Ley de la Transitoriedad, pero no solo. El pasado martes, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, revelaba en el programa Hora 25 de la Ser que la consulta será lícita puesto que “una o dos leyes aportarán el cuerpo legal para una consulta de este tipo”, lo que significa que no es la de Transitoriedad el único texto que están preparando en secreto. Todo ello contando con que comenzará a preparar a agentes electorales voluntarios para poder celebrar la cita del 1 de octubre ante la más que prevista resistencia de los funcionarios catalanes.

La agenda independentista catalana parece acelerarse para culminar el 1 de octubre con la consulta

Ayer mismo, la comisión de economía del Parlamento autonómico aprobó el dictamen de la que se considera el germen de la futura Hacienda catalana. Se supone que, por el momento, no tiene efectos jurídicos prácticos y será un posterior desarrollo el que siente las estructuras fiscales de la quimérica república. Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Oriol Junqueras, trabaja para poner las bases de la que sería la Seguridad Social independentista.

En fin, queda por delante un prolijo calendario marcado por distintos desafíos a los que Rajoy quiere dar respuesta junto a dos formaciones con las que suma el 72,5 por ciento de escaños del Congreso de los Diputados amén de algún otro grupo de la Cámara que, como Coalición Canaria, quiera respaldar las respuestas que vaya dando el Ejecutivo.

No habrá, en principio, ronda de partidos

Sin embargo, el presidente del Gobierno no tiene previsto en principio abrir ninguna ronda de partidos tal y como le pidió Pedro Sánchez en el primero y fugaz contacto que mantuvieron tras el triunfo del socialista en las primarias de su partido.  Una ronda que podría incluir hasta a Podemos habida cuenta de que su posición oficial pasa porque la consulta sea pactada y vinculante lo que no ha dejado de producir divisiones internas en su seno. Los anticapitalistas se descolgaron apenas un día antes del arranque del debate de la moción de censura con su apoyo a las tesis independentistas y en Cataluña no acaban de sentar una posición propia arrastrados por el partido de Ada Colau que nada, muchas veces, en la ambigüedad.

“Cataluña es ya el gran problema”, sentencian con bastante retraso en Moncloa donde se resisten a dar por fracasada la operación diálogo puesta en marcha por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Creen que la nueva “sensibilidad” ha calado en sectores sociales, económicos y empresariales de la región, como los que animan ahora al president a que acepte ir al Congreso de los Diputados a presentar su proyecto de ruptura de España y lo someta a votación, tal y como hizo el vasco Juan José Ibarretxe.