El PP debe pagar a la Feria de Valencia 568.511 euros por los gastos del Congreso de este partido en junio del 2008. Así lo ha establecido un juzgado de Madrid que ha rechazado la pretensión de la formación conservadora que se negó a hacer frente a esta factura al alegar que el «contrato era verbal» y que la contraprestación consistiría en «dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia».

La sentencia explica que la fallecida Rita Barberá en el año 2008 llamó al presidente de la Feria de Valencia, Alberto Catala, para comunicarle que el PP iba a celebrar en este local su congreso los días 20,21 y 22 de junio. Y se alcanzó un acuerdo verbal por la cesión de las instalaciones y de diversos conceptos accesorios.

«No escatimaba en gastos»

A partir de este momento, el entonces gerente del PP Cristóbal Páez se encargó de organizar el cónclave de los populares y se pactó un  presupuesto de 482.863 euros por la ocupación del espacio, servicios de seguridad, limpieza, rotulación, servicio médico y seguros de responsabilidad civil. Posteriormente también se alquilaron cuatro arcos de seguridad y dos escáneres por un importe de 13.130 euros.

Los testigos que han comparecido en este proceso civil han sostenido que Páez «no escatimaba ni se preocupaba en exceso por el precio». Por ello, la factura final alcanzó un importe de 490.096 euros (7.232 euros más del presupuesto inicial) más un 16% por lo que la factura que la Feria de Valencia giró a los conservadores el 30 de junio del 2008 alcanzó los 568.511 euros.

La resolución subraya que el PP nacional y el de Valencia discreparon sobre qué organización debía hacer frente a este pago e incluso Barberá tuvo que mediar, pero finalmente la fuerza conservadora no abonó la factura.

Las alegaciones

El PP alegó que no iba a pagar porque los gastos se habían realizado por el alquiler de unos metros cuadrados superior al que se usó. Por su parte, la Feria de Valencia aseguró que en este acuerdo no se habló «de la gratuidad en la cesión del espacio o de los servicios ni que la contraprestación consistiera en dar publicidad al recinto ferial o la ciudad de Valencia».

Por ello, el juzgado condena al PP a abonar esta factura «pues basta con un contrato verbal» para pagar el contrato de arrendamiento.