El Parlamento catalán ha aprobado con 118 votos a favor, 8 en contra y una abstención la Ley de las asociaciones de consumidores de cannabis, un texto que legaliza el cultivo de esta droga sujeto al “autoconsumo” de los socios de esos clubes. La norma, que emana de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada hace un año en el Parlament, ha obtenido el apoyo de todos los grupos menos el PP.

La ley establece en su exposición de motivos que “el consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, sea por motivos lúdicos o terapéuticos, es una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, del derecho de libertad de conciencia y de disposición del propio cuerpo”.

Con esta premisa, sus 39 artículos se agrupan en nueve capítulos en los que, básicamente, se regulan los derechos y deberes de los clubes cannábicos, definidos como asociaciones sin ánimo de lucro integrados por mayores de edad.

La gran novedad está en el Capítulo V, que establece que la asociación de consumidores es la única autoritzada para cultivar el cannabis,  destinado al consumo exclusivo e individual de cada socio. La Asociación debe obtener previamente un informe pericial de cada cultivo.

Además, se estipula que el cultivo para el autoabastecimiento del club no puede superar la producción anual de 150 kilos de marihuana en seco, una cantidad calculada para abastecer a un club de entre 500 y 1.000 socios. Cada uno de ellos tiene derecho a un consumo máximo de 60 gramos mensuales, que se reducen a 20 gramos en el caso de los socios de entre 18 y 21 años. Por último, fija un periodo de carencia de 15 días entre la inscripción en el club y la obtención de la primera dosis, para evitar el turismo cannábico.

Directa al Constitucional

El diputado del PP Alberto Villagrasa ha advertido durante el debate en el Pleno de que “la Ley choca frontalmente con el Código Penal. Están hablando del transporte y cultivo de una sustancia ilegal” ha apuntado, para concluir que el texto será anulado por el Tribunal Constitucional.

“Han hecho una ley que saben que es ilegal, intentar regular la ilegalidad no lleva a ninguna parte y genera frustración” ha concluido. Una advertencia a la que se ha sumado la diputada naranja Noemí de la Calle, pese a dar apoyo parcial a la ley.

El portavoz de la plataforma impulsora de la IPL, Oriol Casals, ha defendido por contra la legalidad del texto, basándose en la aceptación de las regulaciones municipales para la creación de clubes cannábicos. El Código Penal “sólo persigue actos relacionados con el consumo ilegal de estupefacientes”, ha apuntado Casals tras la aprobación de la ley, “pero en España hay cientos de clubes a los que se han dado licencias administrativas, para los que se han aprobado normativas municipales que legalizan el consumo de cannabis”.

Casals se ha referido a los casos de San Sebastián, Girona, Sitges, Barcelona, entre otros, y ha recordado que la abogacía del estado sólo presentó recurso contra la regulación de San Sebastián y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avaló la regulación del Ayuntamiento. “No ha habido más impugnaciones” a estas regulaciones locales, lo que en su opinión equivale a la legalización de facto del cannabis.

La ley aprobada hoy permite unificar esas regulaciones locales y crear un registro de todos los clubes cannábicos -más de 400 en Cataluña, según los Mossos d’Esquadra- y de sus socios. Cada asociación deberá llevar un registro de socios y un registro del autoabastecimiento, con una ficha de consumo de cada socio, así como un registro del transporte y distribución de cannabis.