La vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha salido a a última hora de la tarde de este martes a responder a Carles Puigdemont para advertirle que el gobierno la Generalitat «puede pasarse treinta días explicando la ley de referéndum y de transitoriedad política y que en 48 horas declarará la independencia, pero una cosa está clara -ha agregado- el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización». Al hilo de esta reflexión se ha mostrado tajante al afirmar que «ese referéndum no se va a celebrar».

Ha sido una reacción tardía durante una jornada en que la Generalitat ha escenificado, hasta por dos veces, la puesta de largo de su llamada ley de Referéndum. En todo caso, las palabras de Santamaría no significa que la Fiscalía vaya a actuar de inmediato. Estudiará «si el anuncio es constitutivo de delito pero no tiene rango de ley, no ha pasado por el registro del Parlament ni ha sido votado por este». En definitiva, según señalan fuentes gubernamentales a El Independiente «no es un acto jurídico».

Otra cosa es que sirva para ampliar la querella contra la consejera de Gobernación y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, por la licitación para comprar 8.000 urnas, concurso que ha quedado desierto.

Catalán advierte de la «deriva autoritaria» del independentismo

También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que la ley del referéndum presentada hoy por JxSí y la CUP para dar cobertura a la consulta independentista del 1 de octubre es «profundamente antidemocrática» y que, por tanto, nunca será una ley en vigor. «Este proyecto de ley nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico porque es manifiestamente antidemocrático, y es contrario a la Constitución, al Estatut y a la democracia», ha afirmado el titular de Justicia a los medios de comunicación antes de participar en la clausura del primer Congreso de las Profesiones que se celebra, precisamente en Barcelona.

Catalá se ha manifestado asimismo preocupado por «la deriva autoritaria» en Cataluña, ya que ha asegurado que gobiernan las minorías e imponen sus criterios, informa Europa Press. Las dos últimas actuaciones de la Generalitat han sido cerrar el grifo a aquellos medios de comunicación que no se hagan eco de la publicidad institucional de la consulta del 1 de octubre y depurar al ya ex consejero de Empresa y Conocimiento Jordi Baiget, por cuestionar la celebración de dicho referéndum independentista, lo que ha provocado un maremoto interno en la antigua Convergencia.