El Parlamento catalán ha aprobado hoy los tres primeros libros del Código Tributario catalán, la ley que pone las bases de la futura hacienda catalana como fijaba la hoja de ruta aprobada al inicio de la legislatura por JxS y la CUP. Una hoja de ruta que marcaba la creación de una Hacienda catalana y el embrión de la Seguridad Social catalana -ya aprobada- como pasos previos a la celebración del referéndum de independencia.

El texto aprobado hoy se refiere solo a las competencias fiscales que actualmente detenta la Generalitat, pero pone las bases para la creación de una Hacienda propia. Con ese objetivo, incluye un capítulo de disposiciones generales destinado a la «codificación del derecho tributario catalán», otro dedicado a la administración tributaria de la Generalitat, y otros más de carácter novedoso en los que se crea la Agencia Tributaria de Cataluña, la Junta de Tributos de Cataluña, el Consejo Fiscal de Cataluña y también un Instituto de Investigación fiscal y Estudios Tributarios.

La propuesta de normativa evita fijar un marco jurídico concreto -no menciona la Constitución ni el Estatut como fuentes de derecho- pero copia los fundamentos del derecho tributario español para evitar una anulación por parte del Tribunal Constitucional.

Administración desmesurada

Tanto C’s como el PP han recriminado al Gobierno catalán el objetivo oculto de este proyecto de ley pactado en ponencia entre JxS y la CUP, crear la futura Hacianda catalana, y han criticado la creación de una administración «desmesurada» para gestionar las competencias actuales de la Generalitat.

«Esta ley tiene su origen en 2013, materializa lo que diseñó el Consejo  Asesor de la Transición Nacional», creado por Artur Mas, ha señalado el popular Santiago Rodríguez, quien ha explicado que su grupo se ha negado a participar en un proyecto legislativo que «forma parte de su estrategia con el objetivo de llevar a Cataluña a la separación».

El texto «diseña una administración tributaria desmesurada para las competencias que tienen y los tributos que se gestionan por lo que es fácil aventurar que además será ineficiente» ha concluido coincidiendo con el portavoz de C’s, José María Espejo-Saavedra.

El texto también ha sido duramente criticado por PSC y CSQP que afean especialmente a ERC y la CUP que no hayan aprovechado este texto para perseguir la evasión fiscal o figuras que sólo benefician a las rentas más altas. No obstante, la ley está pensada para ir siendo ampliada en el futuro y, en el caso de una independencia de Cataluña, incorporar nuevos organismos y un sistema fiscal que recaude todos los impuestos en Cataluña.

La CUP reclama el banco pública catalán

La portavoz de la CUP, Eulalia Reguant, ha lamentado por contra que el texto no haga realidad una de sus reivindicaciones, la creación de una banca pública catalana. Reguant ha destacado la necesidad de crear una banca pública y un banco central catalán «para emitir deuda publica y no depender de permisos de otros para cubrir el diferencial de la recaudación» cuando se proclame la independencia.

En este sentido, Reguant ha recordado que el Parlamento catalán ya ha  aprobado la homologación del Instituto Catalán de Finanzas para tener ficha bancaria «y seguimos sin avanzar; es necesario de un banco público ahora y lo será cuando seamos república» ha concluido.

En respuesta a las críticas la ponente de la ley, la nacionalista Maria Senserrich, ha argumentado que «en Cataluña ya tenemos hacienda, lo que queremos es gestionarla nosotros para ofrecer los servicios públicos que los ciudadanos merecen» y ha lamentado que «ahora estamos supeditados a un Gobierno que amenaza con el FLA jugando con el dinero de los ciudadanos. Son los mismos que pagan una policía política y fletan aviones a Suiza para perseguir políticos por su ideología».

La ley de Código Tributario es la menos polémica de las tres leyes de desconexión, por cuanto se acoge al marco constitucional y estatutario actual. En su momento el Gobierno Puigdemont anunció como los ejes básicos de la «desconexión» las leyes de la Hacienda, la Seguridad Social y la Ley de Transitoriedad Jurídica, una miniconstitución con la que Cataluña proclamaría su independencia «garantizando que no se produzca un vacío legal» entre la legislación española y la de la nueva república catalana, según los independentistas.