Los funcionarios de prisiones han comenzado a decir basta. Denuncian que desde noviembre de 2016 llevan solicitando una reunión con el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, que nunca se ha producido. Critican el abandono de este cuerpo, a cuyos miembros se les ha negado sistemáticamente la consideración de agentes de la autoridad pese a trabajar día a día con población reclusa en los centros penitenciarios. Subrayan el descontrol en el interior de los mismos: agresiones que no se denuncian por desprotección judicial, funcionarios sin vacunar contra enfermedades infecciosas, errores administrativos. «Somos la oveja negra de este ministerio», denuncia Nacho Gutiérrez, portavoz nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, el sindicato mayoritario dentro del sector.

Acaip ha programado para el verano un calendario de movilizaciones con el objetivo de visibilizar el debate antes de la manifestación nacional de funcionarios de prisiones programada para la segunda quincena de noviembre, en Madrid. Durante esta semana están promoviendo mesas informativas frente a las delegaciones del Gobierno en diferentes provincias del país.

Los funcionarios plantean dejar el ministerio del Interior y volver a Justicia, de donde salieron con el gobierno de Aznar

En la segunda quincena de agosto será el turno de las donaciones de sangre para concienciar sobre la problemática de las agresiones y en septiembre se producirán las primeras marchas entre la sede de Instituciones Penitenciarias y la de Interior, el ministerio que los funcionarios de prisiones quieren abandonar para volver a Justicia, del que salieron a principios de siglo en el contexto de la lucha contra ETA y al que pertenecen la mayoría de cuerpos penitenciarios en la Unión Europea.

Los funcionarios de prisiones lamentan que Zoido haya planteado remodelaciones importantes tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional pero no haya efectuado cambios de ningún tipo en Instituciones Penitenciarias, al frente de las cuales sigue Ángel Yuste, que acumula más de una década en el cargo en diferentes períodos. «No es una cuestión de envidia, hay un menosprecio hacia este colectivo», denuncia el portavoz del sindicato, que reparte las culpas entre el ministerio y la propia IIPP: «Con el paso de los años se ha llegado a una situación de hartazgo».

A juicio con nombre, apellidos y domicilio

Los ingredientes del cabreo son múltiples, aunque el principal echa raíces en el tratamiento jurídico que reciben estos trabajadores. A diferencia de los profesores o los profesionales sanitarios, los funcionarios de prisiones no están reconocidos específicamente como autoridades en el artículo 550 del Código Penal en el que se regulan los atentados y agresiones contra las fuerzas públicas. Su consideración es la misma que la de cualquier otro funcionario de la Administración y la especial protección otorgada a la población reclusa permite que su palabra ni siquiera tenga presunción de veracidad en un juicio.

La mayoría de agresiones en el interior de las cárceles terminan en una simple supresión de paseos por el miedo a denunciar ‘a cara descubierta’

Más aún: no gozar de esta condición hace que, a diferencia de policías y guardias civiles, los funcionarios que denuncien agresiones tengan que ir al juzgado con su nombre, apellidos y domicilio, en lugar de un número de identificación profesional. Ésto echa para atrás a buena parte de los agredidos y propicia que la mayoría de altercados que se producen dentro de la cárcel terminen en simples sanciones disciplinarias. La más común: supresión de paseos.

Y las agresiones no son una anécdota ni un hecho aislado. El pasado 27 de julio un preso de la cárcel de Morón consiguió incendiar su propia celda y lesionar a tres empleados de la prisión. 20 días antes se produjeron varios heridos en Aranjuez tras una batalla campal entre los presos taiwaneses y el resto de internos. En marzo un preso con un pincho hirió a nueve trabajadores de la prisión de Lanzarote. En diciembre un recluso le rompió la nariz a un funcionario en Málaga tras golpearle con el palo de una fregona, pocos días después de que otro acuchillara a un trabajador en Aranjuez con una cuchilla pegada al esqueleto de un bolígrafo.

‘Que te pongan un pincho en el cuello no es agresión’

Según Acaip se registra una media de «más de dos incidentes al día» en todos los centros penitenciarios españoles, con especial protagonismo en 2016 para las cárceles de Estremera (24), Zaragoza-Zuera (20) y Soto del Real (18). Eso según unas estadísticas oficiales que en el sindicato aseguran que están maquilladas por el último protocolo de agresiones aprobado, en el que éstas no se contabilizan como tal «hasta que no se produzca daño físico». «El escupitajo, el tortazo, que te pongan un pincho en el cuello y no te lo lleguen a clavar, que te echen una toalla por encima para no dejar marca y te peguen entre varios…todo eso no contabiliza como agresión», alerta Nacho Gutiérrez.

Los funcionarios reclaman perspectivas de futuro y carrera profesional: ‘Entras en un patio con 25 años y sales con 55’

Para luchar contra este problema los trabajadores, movilizados desde hace meses en redes sociales con el hashtag #sosprisiones, reclaman autoridad pero también efectivos. Según las cifras que maneja el sindicato en el cuerpo hay un déficit superior a los 2.000 trabajadores, fruto de la congelación de los concursos públicos anuales. «Llenar esas plazas haría que funcionaran 50 módulos que actualmente están cerrados», aseguran en el sindicato, que lleva años alertando sobre la saturación de alguna de las cárceles de un sistema que actualmente trabaja con cerca de 60.000 reclusos.

La falta de reposición tiene consecuencias estadísticas como el envejecimiento de la plantilla, cuya media se ubica actualmente alrededor de los 54 años. Y personales: «No se convocan concursos anuales y terminas pasando cuatro, cinco o seis años sin poder cambiar de destino, lejos de tu familia y lejos de tu vida». A esto, los funcionarios añaden la falta de formación continuada y la inexistencia de escalafón ni perspectivas de futuro: «No hay carrera profesional, uno entra en un patio con 25 años y sale con 55».

Funcionarios sin vacunar contra la Hepatitis C

Los últimos en entrar, además, lo han hecho en circunstancias que han generado especial ruido mediático. Pese a que los funcionarios de prisiones siguen un protocolo específico de vacunación por estar en contacto directo con población de riesgo, la última promoción de funcionarios en prácticas no ha sido vacunada contra la Hepatitis C, una enfermedad con una prevalencia del 20% en las prisiones, según los datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en comparación con el 1,6% del resto de la sociedad.

«La mayoría estamos vacunados, pero ellos no», afean en el colectivo, que ya ha denunciado esta situación ante la Fiscalía de Madrid, que ha admitido a trámite el escrito presentado por Acaip y ha proporcionado un argumento más al verano caliente que se espera en las prisiones.