El Gobierno catalán ha convocado el referéndum del 1-O para que “Cataluña decida el futuro” ha anunciado Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat ha anunciado que “todos sin excepción asumimos nuestra responsabilidad, el Govern y el Parlament” en un envite que ha defendido como la única postura democrática y del que ha insistido que será vinculante en su resultado. “Tratar a los catalanes como súbditos de un Estado que fabrica amenazas no es democracia” ha añadido Puigdemont para advertir de que “ningún Consejo de Ministros ni Tribunal Constitucional deslegitimado” frenará el referéndum del 1-O.

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado la Ley del Referéndum en una addenda, pese a los esfuerzos del Gobierno para evitar esa publicación, que supone la entrada en vigor de la ley y habilita, por tanto, la convocatoria del referéndum del 1-O según la Generalitat. El ejecutivo de Mariano Rajoy han explorado la posibilidad de intervenir el DOGC para evitar esa publicación, pero finalmente se ha desestimado esa opción.

Tras la publicación de la ley, Gobierno de la Generalitat ha firmado en pleno el decreto de convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña. A las 22.30 el ejecutivo catalán se ha reunido en una sala del Parlament para formalizar la convocatoria tal y como en su momento acordaron PDCat y ERC, corresponsabilizando a todos sus miembros en la firma de la convocatoria, aunque legalmente el máximo responsable de la misma es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ha transcurrido menos de dos horas entre la votación de la ley del Referéndum en el Pleno y la firma del decreto, tiempo en el que Parlament y Govern han pisado el acelerador para publicar el texto en el Boletín Oficial de la Cámara, promulgar la ley tras la firma del propio Puigdemont y publicarla en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para que entrara en vigor y habilitara la convocatoria de la consulta del 1-O. Unas prisas con las que el ejecutivo de JxS quería asegurarse una cobertura legal a la convocatoria del referéndum independentista que les permita hablar a partir de ahora de las acciones jurídicas del Gobierno como “represión a una convocatoria democrática”.

Batalla parlamentaria

La Ley del Referéndum se ha aprobado finalmente, tras once horas de árida batalla parlamentaria  -“filibusterismo” según la mayoría- con el apoyo de JxS y la CUP y la abstención de CSQP, el grupo que suma a Comunes y Podemos en el Parlamento catalán. Un total de 72 votos a favor y 11 abstenciones, con medio hemiciclo vacío y los bancos del PP cubiertos por banderas españolas y catalanas, es el balance de la votación parlamentaria.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado al Consell Executiu para firmar esta misma noche el decreto de convocatoria del referéndum independentista del próximo 1 de Octubre. La rubrica se escenificará en un acto en el Palau de la Generalitat.

“Hay que enviar un mensaje de connivencia con el deseo de expresarse de la ciudadanía, por eso nos abstendremos, es necesario vía de protesta” ha argumentado Lluís Rabell para justificar esa abstención tras haber dedicado prácticamente toda su intervención a criticar la vulneración de los derechos de los diputados de la oposición.

El resto de la oposición ha abandonado el hemiciclo para expresar su oposición al trámite, tras denunciar el “atropello” de sus derechos y advertir todos ellos que el 1-O no habrá un referéndum. “Todos saben que esta ley no entrara en vigor y que el referéndum no se celebrara” ha advertido el líder del PP, Xavier García Albiol mientras en el extremo contrario Rabell señalaba que “es un error presentar como referéndum una cosa que no lo es. La ley del referéndum tendrá un recorrido corto pero el precedente que se ha establecido hoy tendrá consecuencias en la vida parlamentaria de Cataluña” ha concluido rabell.

La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha acusado a los independentistas de actuar como una “mayoría absolutista” que ha impuesto “con una mayoría parlamentaria pero minoría en votos” una ley cuyo proceso de tramitación ha tachado de “irregular, ilegal y demencial”.

Y el líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado una ampliación de la petición de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de sus derechos en base al informe aprobado por el Consejo de Garantías, en el que se avala el derecho de la oposición a pedir un dictamen sobre la constitucionalidad de la ley votada que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha impedido.

“Todo esto solo tenia un objetivo, evitar que el Consell de Garanties emitiera un dictamen sobre la ley del referéndum” ha concluido el socialista, para evitar la imagen de que un organismo catalán escogido por el Parlament avalara la inconstitucionalidad de la Ley del Referéndum. “Son tan conscientes de que  están pisoteando los derechos de la oposición que se autoenmiendan para evitar el proceso de examen de los miembros de la sindicatura electoral. Lo primero que están pisoteando es la legalidad catalana” ha lamentado Iceta.

Pagarán las consecuencias

“Ustedes no están por encima de la ley, no son seres superiores a los que la justicia no afecta, deben tener claro que sufrirán las consecuencias, pero solo quienes se salten la ley pagaran consecuencias” ha advertido Garcia Albiol tras señalar que el Gobierno actuará “con contundencia” pero “lejos de la crispación” para frenar el “referéndum ilegal”.

“Nosotros siempre con la mano tendida, ellos con poder judicial” ha argumentado el presidente del Grupo de JxS, Lluis Corominas, para justificar la vía de aprobación de la ley al margen de la oposición y el reglamento del Parlament. Corominas ha insistido en el rechazo del Gobierno al diálogo y ha lamentado que “no estamos en plano de igualdad” ya advertido a los Comunes de que “algunos partidos han perdido la oportunidad de estar al lado de la democracia para estar al lado del PP”

JxS, ha recordado, “es un instrumento político para conseguir la independencia de Cataluña. Hoy al votar Sí lo haremos conscientes de que no lo hacemos solos, lo hacemos con todos los ciudadanos que nos votaron para que fuéramos el instrumento político para recuperar la dignidad del país”.

“Filibusterismo” parlamentario

Hasta siete veces se han reunido la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament de Cataluña antes de aprobarse el texto para debatir los intentos de la oposición de frenar el trámite y aprobación exprés la Ley del Referéndum que debe amparar la convocatoria del 1-O. En todas ellas se ha impuesto la mayoría de JxS para rechazar las peticiones de reconsideración de la admisión a trámite del texto, primero, y la defensa del derecho de los grupos a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

Un trámite que obligaría a posponer la votación de la ley un mes y desbarataría todo el calendario secesionista, por lo que la presidenta Forcadell ha hecho valer la mayoría de JxS para rechazarlo. De nada ha servido el informe del propio CGE, reunido de urgencia a las 14.00 para responder a las peticiones de C’s y el PSC en el que advertía de que el recurso al Consejo es un derecho de la oposición y no un trámite.