Todos los grupos del Congreso han mostrado su respaldo a modificar el Código Penal con el objetivo de agravar las penas de las imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. El Congreso en pleno también ha respaldado que se considere delito la huida del conductor después de causar un accidente, una conducta que podrá castigarse con hasta cuatro años de prisión. Del mismo modo, el atropello con resultado de muerte de varios ciclistas o peatones pasará de un máximo de cuatro años a un máximo de nueve.

La oposición ha dado su apoyo para que se inicie la tramitación de la proposición de ley presentada por el PP para modificar el articulado del Código Penal relativo a las imprudencias en la conducción y al reproche penal del abandono del lugar tras un siniestro. “Las víctimas y sus familias necesitan toda nuestra protección. Esta ley da respuesta a lo que los colectivos y la sociedad demandan”, ha defendido el diputado del PP Pablo Matos, que ha dedicado sus primeras palabras para referirse a la lucha de Anna González, presente en la tribuna de invitados.

La reforma llega tras la iniciativa de Anna González, que perdió a su marido en 2013 y ha conseguido más de 200.000 firmas

González perdió a su marido en 2013 tras ser arrollado con su bicicleta. El conductor responsable del atropello se dio a la fuga y su conducta quedó impune al entender los tribunales que no se le podía castigar con el delito de omisión de socorro, pues la persona ya era técnicamente imposible de socorrer. González ha recaudado firmas durante años para impulsar esta reforma del Código Penal, y logró presentar 200.000 en el Congreso el pasado mes de marzo.

El diputado del PP ha explicado también que la reforma persigue perfeccionar y mejorar la definición de las imprudencias graves y muy graves y aumentar su castigo, de forma que, por ejemplo, se considerará siempre imprudencia grave la que se cometa por exceso de velocidad o consumo de alcohol o drogas.

La proposición también insta a que la muerte de varios ciclistas o peatones pase a estar penada con hasta nueve años de prisión, en lugar de cuatro, y a introducir el delito de abandono del lugar del accidente cuando existan lesionados o fallecidos. De esta forma se quiere castigar con hasta cuatro años de cárcel “la maldad intrínseca de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido”.

Discrepancias en las imprudencias leves

Matos ha defendido que es una proposición “impecable” y se ha mostrado dispuesto a que en el trámite de enmiendas el texto sea mejorado, aunque el PP prefiere que las imprudencias leves que fueron despenalizadas vuelvan a introducirse en la normativa penal.

Una decisión que no comparte la mayoría de la oposición que, si bien ha dado su apoyo a la propuesta, ha criticado que las imprudencias leves no figuren en el texto, una “carencia” de la reforma fruto “de las prisas del PP de esta contrarreforma de la reforma del Código Penal de 2015 con su rodillo parlamentario”, en palabras de la diputada de Podemos Ana Martínez.

Con similares términos se ha expresado desde las filas del PSOE Pablo Bellido que, tras mostrar el respaldo de su partido al inicio de la tramitación de la proposición, ha dejado claro que la reforma de 2015 “fue mala para las víctimas y buena las compañías de seguros”, pues al eliminar los juicios de faltas por imprudencias leves las víctimas se ven obligadas a acudir a la jurisdicción civil y, por tanto, a pagar tasas y aumentar los plazos del litigio.

“Queda mucho trabajo para que esta propuesta del PP sacada a la carrera sea la ley de Anna González”, ha dicho la diputada de Ciudadanos Irene Rivera, que como el portavoz del PNV Mikel Legarda ha mostrado su satisfacción por dar “un paso adelante” para responder a este “honda preocupación” de la sociedad.

ERC y el Grupo Mixto también han dado su respaldo a la toma en consideración de la proposición de ley pero desde ambos grupos han hecho hincapié en criticar la forma de legislar del PP.