La Fiscalía General del Estado ha presentado una denuncia por posible delito de sedición a raíz de las agresiones sufridas por los agentes de la Guardia Civil y por los daños causados en sus vehículos a raíz de las detenciones de altos cargos de la Generalitat y los registros llevados a cabo en la Consejería de Economía y Hacienda.

La denuncia por sedición atribuye esta conducta delictiva a las «personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones» pero también a la «existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas» que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o «movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación». Este delito conlleva una pena de prisión de 8 a 10 años y de 10 a 15 años si quien lo comete es «una persona constituida en autoridad», según el artículo 545 del Código Penal.

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El escrito, firmado por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, relata de forma pormenorizada cómo el pasado miércoles se concentró una multitud a las puertas del departamento que dirige Oriol Junqueras para oponerse a la práctica de las citadas diligencias, lo que obligó a cortar calles como la Gran Vía de las Cortes Catalanas, la Vía Laietana y la Diagonal a la altura de la zona universitaria.

Este delito conlleva una pena de prisión de 8 a 10 años y de 10 a 15 años si quien lo comete es «una persona constituida en autoridad»

«Individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación, pues ya se encontraban unas 2.000 personas, pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Consellería de Economía, a fin de impedir su legítima actuación», expone el representante del Ministerio Público. Éste recuerda cómo «la turba» dedicaba cánticos a la comisión judicial con la consigna «Aquesta nit la passareu aquí (esta noche la pasará aquí)», lo que motivó que el juzgado barcelonés que investiga el 1-O demandara la presencia de unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra después de que la secretaria judicial tuviera que salir por la azotea al impedirle los manifestantes que lo hicieran por la puerta.

En su escrito, el fiscal apunta directamente a la responsabilidad de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -una de las dos asociaciones que trabajan en favor de la independencia junto a Òmnium Cultural- al detallar que esta organización montó un puesto en el número 20 de la Rambla en la que se repartían chalecos y desde donde «se organizaban los turnos de relevo». En un intento de que los guardias civiles no pudieran llevarse a los detenidos, destaca, los voluntarios «hicieron un cordón» ante las puertas de Economía y Hacienda.

«En esos momentos se produjeron situaciones de gran tensión en Via Laietana, donde los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad, conscientes de que era precisa la presencia de los mismos en diferentes puntos de la ciudad», expone el fiscal, que no pasa por alto que un grupo de manifestantes llegara a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo del Instituto Armado.

El fiscal señala directamente a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural por liderar la movilización

La Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que, en torno a las 20.20 horas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, se dirigiera a las «40.000 personas» que a esas horas ya se concentraban en la zona para decirles que «el 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos» y que «nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa».

También se señala al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que también llamó a la «movilización permanente» frente a las actuaciones que está llevando a cabo el Estado de Derecho para impedir el referéndum de autodeterminación. «Posteriormente, y vista la situación provocada, pidieron [Cuixart y Sànchez] a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración, que continuó ante la sede de la Consejería», añade.

No son los únicos incidentes relatados por el fiscal. Éste también detalla la concentración registrada a las puertas de la sede de la CUP en Barcelona para impedir la actuación de la Policía Nacional y las «graves dificultades» que tuvo la Guardia Civil para salir de la imprenta de Bigues i Riells en la que hallaron casi diez millones de papeletas y otros efectos electorales.

Fuera de Barcelona, el escrito cita las dificultades de los agentes en su actuación en la imprenta de Bigues i Riells

El Ministerio Público no tiene dudas de que los hechos acaecidos en diversos puntos de la ciudad de Barcelona entre el miércoles y el jueves son constitutivos de un delito de sedición, tipificado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. «No puede desconocerse», dice, que la finalidad de los manifestantes era impedir que las fuerzas de seguridad y la Administración de Justicia pudieran cumplir sus funciones en cumplimiento de la ley y recuerda que la finalidad de los secesionistas es lograr la celebración de un referéndum para proclamar una república catalana independiente de España, «siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la
Constitución».

En el escrito, el fiscal Carballo se refiere a la sedición como «forma colectiva y tumultuario de alzamiento, ‘rebelión en pequeño’ y que queda consumado «cuando el alzamiento haya producido el peligro objetivo para la consecución de esos fines sediciosos», según fijó en sentencia el Tribunal Supremo en octubre de 1980.

Identificar a los responsables

Dice también que la sedición, según la doctrina del Tribunal Supremo, se lleva a cabo realizando la conducta típica: alzarse públicamente y tumultuariamente, elemento que equivale a que el alzamiento sea caótico, anárquico, inorgánico y desordenado, «aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicara el precepto analizado» y se refiere por último a la conspiración para la sedición, que debe ser igualmente investigada.

El fiscal pide que se abran diligencias judiciales para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables, al tiempo que solicita que se dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con «todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Juez de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Se trata del magistrado que ordenó la detención de cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.

La web con los puntos de votación, investigada

La Fiscalía Superior de Cataluña investiga la web que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió ayer a través su cuenta de Twitter con los puntos de votación para el referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público estudia si la web, que señala el punto de votación asignado a cada elector cuando éste facilita su DNI o fecha de nacimiento, podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.

De prosperar esta investigación, el ministerio público podría ampliar la querella que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por malversación, desobediencia y prevaricación, para añadir el nuevo delito de revelación de secretos.