El documento ya está sobre la mesa. Sólo restan los negociadores y ninguna de las dos partes se ha sentado aún. El formidable follón del 1-O catalán lo ha impedido y, lo que es peor, amenaza con imposibilitarlo. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a levantar el teléfono para iniciar la negociación de los presupuestos con ellos, ni el PNV está dispuesto a sentarse, por ahora, mientras el incendio en Cataluña continúe propagándose. A la espera de que la tensión se sofoque y pueda reconducirse razonablemente, el documento con la lista de exigencias más prioritarias que ya ha lanzado el PNV va camino del despacho de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría: una lista con 37 competencias que Euskadi reclamará al Gobierno del PP y que podrían convertirse en la parte esencial del precio a pagar para reeditar un apoyo nacionalista en momentos delicados.

Formalmente su reclamación corresponde a un mero cumplimiento de una ley orgánica, el Estatuto de Gernika, y por tanto debería estar al margen de un proceso de negociación presupuestaria. Sin embargo, la historia reciente demuestra que su desarrollo siempre ha ido paralelo a las premuras parlamentarias. Desde su aprobación en 1979 la lista que se acordó entonces se ha incrementado, al menos a criterios del Gobierno vasco, que en el informe de cumplimiento del Estatuto elaborado recientemente -y presentado el viernes-, incluyó seis competencias nuevas que entiende que le deberían ser transferidas.

El listado de 37 materias que reclama Euskadi ya ha sido remitido a Sáez de Santamaría. Prisiones y Seguridad Social, prioritarias

Las competencias que con más urgencia reclama el País Vasco son las más espinosas; la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de las cárceles del País Vasco. Si finalmente ambas partes se llegan a sentar en torno a una mesa negociadora –ése fue el compromiso de Sáez de Santamaría en julio ante Erkoreka- las negociaciones se antojan arduas.

Desde prisiones hasta puertos o paradores

Una negociación que además vendría precedida de duras críticas por su incumplimiento y por el modo en el que los sucesivos gobiernos, y en especial el de Rajoy, han abordado esta cuestión. Para el Gobierno de Urkullu se ha procedido a una recentralización y a una restricción de la autonomía de las comunidades limitando el desarrollo estatutario.  Se ha hecho, dijo el viernes el portavoz del Ejecutivo, aplicando la jurisprudencia “corrosiva” del Tribunal Constitucional y “ninguneando” la singularidad del País Vasco.

El informe de materias pendientes se distribuye en diez áreas (Infraestructuras y desarrollo Económico, Agricultura, Medio Ambiente, Economía, Educación, Salud, Turismo, Cultura, Seguridad y Trabajo). La gestión de las prisiones figura en el primer puesto de las demandas. Euskadi afirma que ya no existe la “excusa” de ETA para no hacerlo. Reclama a Rajoy que le ceda, de acuerdo al Estatuto vasco, la organización, régimen y funcionamiento de las prisiones, al igual que en Cataluña. En la competencia incluye la potestad para construir nuevas cárceles, o implantar actividades de reinserción o la ejecución de medidas alternativas a la prisión.

El Gobierno vasco garantiza el «principio de solidaridad» de la caja única de la Seguridad Social si le es transferida

La segunda materia delicada en la que insistirá Euskadi es el régimen económico de la Seguridad Social. El Gobierno vasco recuerda que no supondrá la ruptura de la ‘caja única’ y apela a no confundir “la ‘caja única’ con la unidad de caja”. La primera sólo tiene “un cajero” y la segunda puede tener numerosos mientras gestionen con las mismas normas, recuerdan. En el documento enviado a Moncloa se reafirma el “carácter unitario” de la caja de la seguridad social y el respeto al “principio de solidaridad”. El Gobierno vasco lo califica como una competencia “trascendente para logra el impulso y profundización del autogobierno de Euskadi”.

Las infraestructuras son otro de los grandes bloques que se reclaman para que se transfieran a la Administración vasca en cumplimiento de su Estatuto. Así, se recuerda que se debe culminar el traspaso de las autopistas (AP1 y AP68), la gestión en tierra y explotación de los tres aeropuertos vascos o la gestión de los puertos de Bilbao y Pasajes. También se reclama la cesión de la gestión de hasta ocho líneas de ferrocarril de pasajeros y tres de mercancías.

En materia de Empleo se recuerda que Euskadi desempeña desde 2010 la gestión de las políticas activas de empleo y que resta aún la cesión de las prestaciones por desempleo. También se reclama, como una nueva competencia, la gestión de la asistencia a la población inmigrante.

Seis nuevas transferencias

Entre las seis nuevas transferencias que se han incorporado se ha incluido en la relativa a la legislación de productos farmacéuticos, y en particular sobre algunos ámbitos como la verificación de productos, la inspección o la potestad sancionadora.

Se solicita que Euskadi pueda ejercer las funciones del Ministerio de Economía en materia de supervisión de entidades de crédito. En este capítulo también se pide poder realizar la supervisión completa de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y del mercado de seguros. En este ámbito el país vasco también incluye la reclamación de la gestión del seguro escolar. El nivel de detalle en el listado baja hasta la petición de que la titularidad de dos paradores nacionales (Hondarribia y Argomaniz) también se ceda a Euskadi. En lo relativo a seguridad, la lista incorpora aspectos como poder expedir permisos de circulación y matriculación de vehículos.