400 miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) se han adherido a un manifiesto en contra de la celebración del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. El texto, publicado con el título Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña, asegura ser una respuesta «ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación».

La declaración consta de seis puntos en los que se trata de desmontar la argumentación, asumida por el gobierno de la Generalitat, de que la legalidad del referéndum supera a la de la propia Constitución Española y se sustenta en la jurisprudencia internacional.

En este sentido, el comunicado arranca aclaran que según la doctrina de las Naciones Unidas y la citada jurisprudencia, «las normas del Derecho Internacional General relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos sólo contemplan un derecho a la independencia en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras».

‘Nada’

Tras ello, y pese a reconocer que «a la luz de la práctica internacional no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente», aclarando que deben concurrir «violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales» de los ciudadanos y los pueblos, «nada en los Pactos Internacionales de 1966 ni en la jurisprudencia internacional apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado».

Por tanto, y aunque las normas generales del Derecho Internacional «no prohíben que los Estados soberanos dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos de supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales», esto no sucede en general. «La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional», aclaran los firmantes.

Recuerda el escrito, posteriormente, que la Unión Europea «respeta y protege» la identidad nacional y la estructura constitucional de todos sus Estados miembros. «Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales».

Por todo ello, y «como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho Internacional», el derecho de libre determinación «no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Let 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional».