La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el ex tesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

En un auto con fecha del pasado 3 de noviembre, la Sección ha desestimados los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del pasado 26 de julio en el que la juez instructora Rosa María Freire concluía la instrucción y veía claros indicios de su participación en el caso conocido como los ordenadores de Bárcenas.

Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que piden la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.

El proceso comenzó hace más de un año, pero las diferentes apelaciones han retrasado sus avances. La propia juez admitió un recurso de apelación que de forma subsidiaria presentó el Ministerio Público y que fue el responsable de que la Audiencia Provincial de Madrid quedara a cargo de tomar una decisión definitiva sobre el caso.

La versión no resulta verosímil»

En la resolución conocida hoy, la Audiencia apunta las dudas existentes sobre la titularidad de los equipos destruidos (es decir, si son del PP o de Bárcenas), pero, más allá de eso, pone el acento sobre el contenido de los mismos. Los procesados afirmaron que los equipos no tenían contenido alguno, pero Bárcenas afirmó lo contrario. En este aspecto, el fiscal alegó «falta de credibilidad» de Bárcenas debida a sus numerosos contenciosos judiciales con el PP y a las distintas versiones que ha aportado.

Pero la Audiencia cree que la versión del ex tesorero «no resulta inverosímil», al igual que considera que hay dudas sobre la existencia y aplicación de un «protocolo de borrado seguro» -como argumentaron los recurrentes- e indicios de que pudieran intentar borrar datos perjudiciales para los intereses del PP. Además, los magistrados de la Audiencia se apoyan en una sentencia del Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, «que exige en todo caso autorización judicial para que el empleador pueda acceder al contenido de las herramientas informáticas puestas a disposición de sus trabajadores para el desarrollo de las labores profesionales que tengan encomendadas».

También rechaza el tribunal la práctica de nuevas diligencias (solicitadas por Navarro, Moreno y el PP) y para ello alude a la polémica reforma de los plazos de instrucción contemplada en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, como la jueza no declaró la causa como compleja (pese a la petición del fiscal), cuando dictó el auto recurrido el 27 de julio de 2016 ya habían pasado los seis meses previstos en la norma a partir de los cuales no se pueden practicar nuevas pruebas.

El PP arremete contra las acusaciones populares, que ejercen IU y Adade

El PP «respeta», aunque «no comparta», las decisiones judiciales, según ha afirmado el «número tres» popular, Fernando Martínez Maillo, tras conocer la decisión de la juez Freire. Tras recordar que ha sido un proceso judicial que «ha sufrido varios vaivenes» ya que fue archivado en dos ocasiones y el ministerio fiscal no acusa, ha arremetido contra las acusaciones populares, que ejercen Izquierda Unida y la organización Adade. Son «dos clásicos», ha dicho el dirigente popular para agregar que se han demostrado los vínculos de Adade con el PSOE, entre otras cosas, contratos firmados con el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Madrid.

Por lo tanto, con independencia de que no estén de acuerdo con la decisión judicial, esas acusaciones «tienen como único objetivo dañar al PP, no mirar por el interés general y por la justicia, son intereses de parte», lo que pone de manifiesto, a su juicio, la «necesidad imperiosa» de regular las acusaciones populares de este país «porque no es recibo que partidos políticos y algunas asociaciones estén usando una figura decimonónica para fines exclusivamente políticos».

Interrogado sobre si desmiente los hechos, esto es, que no hubo destrucción de pruebas, ha aducido «que el  procedimiento tiene que acabar bien porque no existe ningún ilícito penal en el  comportamiento de los miembros del partido y también lo dice el Ministerio público».