La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha tildado este miércoles de “preocupantes” los cambios en el tribunal que juzgará la presunta caja b del PP porque “no ayudan a la imagen de credibilidad e imparcialidad” que debe transmitir la Justicia. Además, ha avisado de que el magistrado Juan Pablo González, que redactará la sentencia, podría ser tan recusable como lo fue en su momento Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel por su cercanía al PP.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Robles, magistrada en excedencia, ha incidido en que las nuevas reglas de reparto acordadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional podrán ser “técnicamente correctas” pero no contribuyen a mejorar la imagen de la Justicia ni a reafirmar su imprescindible apariencia de independencia.

Además, ha remarcado que tampoco ayuda que estos cambios hayan sido propuestos por la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal. Tras asegurar que ésta tiene “todo su respeto profesional”, Robles ha recordado que acabó siendo apartada del juicio de Gürtel porque había sido propuestas por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Robles ha defendido que los miembros del tribunal que han sido relevados han actuado “con absoluto rigor e imparcialidad” y ha sugerido que al magistrado Juan Pablo González, que se encargará de redactar la sentencia del futuro juicio sobre la caja b, podría aplicársele el mismo argumento que a Espejel porque, como ella, fue elegido vocal del CGPJ a instancias de los populares.

“La apariencia objetiva de imparcialidad es muy importante”, ha insistido Robles, quien también ha querido dejar claro su respeto profesional por González. Además, ha apuntado que “curiosamente” siempre se intenta acusar de “politización” a los jueces progresistas.

El Gobierno no elige el tribunal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles que la decisión de modificar la composición del tribunal que estaba previsto que juzgara el caso de la presunta caja B del Partido Popular la ha tomado la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que no la ha elegido él ni el Gobierno.

Catalá ha sido tajante al asegurar que los 5.500 jueces españoles y los 2.500 fiscales trabajan cada día “y nadie les dice qué tienen que hacer”, ha instado a hablar bien de lo que funciona bien, ha subrayado que la Justicia “funciona razonablemente bien” y ha precisado que los tiempos de respuesta son mejores que en Francia o Alemania.