Cuando Felipe González subió al estrado del Congreso de los Diputados el 30 de noviembre de 1982, lo hizo arropado por una fuerza abrumadora. Los más de 10 millones de votos que había recibido su partido en las elecciones celebradas el 28 de octubre de ese mismo año representaban el apoyo de casi la mitad de los votantes y conferían al PSOE 202 de los 350 escaños del Parlamento. Nadie antes en la corta historia de la democracia en España había disfrutado de un respaldo así y aún hoy nadie ha logrado igualarlo.

Con ese aval, González, el primer presidente socialista en España en casi medio siglo, se disponía a presentar “el cambio” -el que había sido su eslogan durante la contienda electoral-, que prometía crear una España que “no la va a reconocer ni la madre que la parió”, según señaló el que sería su vicepresidente, Alfonso Guerra.

El que se preparaba para ser el tercer presidente de la democracia en España tenía ante sí el reto de hacer “que España funcione”, tal y como él mismo definió lo que era el cambio poco antes de las elecciones. Y la tarea se antojaba compleja, porque, siete años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el país se enfrentaba a una serie interminable de complejos retos: el desafío involucionista que procedía de los cuarteles, plasmado de forma notoria en el golpe de estado del 23-F; el desafío del terrorismo de ETA y los Grapo; una galopante crisis económica, que había disparado el paro a niveles próximos al 17%, mientras la inflación se desbocaba por encima del 14%; el remate del Estado de las autonomías y el encaje de los nacionalismos periféricos; y la integración de España en el espacio económico europeo suponían algunas de las tareas pendientes a las que urgía dar respuesta.

González denunció en su investidura que la “situación colonial” de Gibraltar atentaba contra la integridad de España

Ninguna de ellas faltó en el discurso con el que González se presentaba ante los españoles como su nuevo presidente. Un mensaje articulado en torno a tres principios que debían ser la base de su gobierno: la paz social, el progreso y la unidad nacional, entendida ésta última a partir de “la diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias de los grupos, con las singularidades propias de este rico y variado mundo que llamamos España”.

Pero en esa España a la que el líder socialista hacía alusión habría de incluirse Gibraltar. Casi 270 años después de que este peñón, situado al sur de la Península Ibérica, cayera bajo dominio británico, González se mostraba convencido de que había llegado el momento de que volviera a ser parte de España. En su opinión, “la actual situación colonial” de Gibraltar “atenta a la integridad del territorio nacional y menoscaba la posición internacional y estratégica de España”. Por eso, apuntaba, “el Gobierno mantiene el propósito de reintegrar Gibraltar al territorio nacional mediante negociaciones con el Reino Unido que conduzcan a ese objetivo, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas”.

Una reclamación histórica

González hacía así suya una de las principales reivindicaciones en política exterior del franquismo, que había obtenido el respaldo de la ONU a sus tesis, sin que esto se plasmara en avances en las negociaciones con el Reino Unido. La situación apenas varió con los primeros gobiernos de la democracia, más pendientes como estaban de resolver los desafíos internos a los que se enfrentaba el recién estrenado régimen.

Ahora, en cambio, un gobierno socialista que había obtenido un masivo apoyo popular se disponía a completar el mapa de España con la reintegración de Gibraltar bajo la soberanía nacional. El propósito, aunque difícil, no parecía inviable. La misma CIA llegó a pronosticar en 1983 que el Peñón volvería a ser español, aunque el proceso se prolongaría durante décadas.

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher junto al expresidente español Felipe González, en una foto de archivo.

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher junto al expresidente español Felipe González, en una foto de archivo. EFE

Sin embargo, el nuevo presidente español habría de enfrentarse a alguien tan tenaz en la defensa de sus posturas como la primera ministra británica Margaret Thatcher, la denominada “Dama de Hierro”, quien se mostró en todo momento remisa a atender los argumentos españoles. Tras un encuentro con ella en 1983, el primer ministro de Asuntos Exteriores de González, Fernando Morán, aseguró que se había tratado de la “entrevista más difícil” de su carrera.

Felipe González había marcado el asunto de Gibraltar como una de las prioridades de su Gobierno y, tras jurar el cargo de presidente el 2 de diciembre de 1982 -hace hoy 35 años-, no tardó en demostrarlo con algunas medidas tendentes a facilitar las relaciones con Reino Unido.

El Ejecutivo británico venía reclamando desde hacía años la reapertura de la verja que aislaba Gibraltar de España, que había sido cerrada a cal y canto en 1969 por un gobierno franquista como respuesta a la negativa de Reino Unido a entablar negociaciones.

En 1980, el ministro de Asuntos Exteriores del segundo gobierno de Adolfo Suárez, Marcelino Oreja, había llegado en Lisboa a un compromiso con su homólogo británico, Peter Carington, para reabrir la verja a cambio del inicio de conversaciones sobre la situación del Peñón.

Pero pronto surgieron las discrepancias sobre la interpretación de la conocida como Declaración de Lisboa y la reapertura de la verja quedó aplazada, hasta que el 15 de diciembre de 1982, sólo dos semanas después de asumir el gobierno de España, Felipe González y su ministro Morán decretaron una apertura parcial de la misma, para permitir el tránsito de peatones.

España confiaba en que aquel gesto de buena voluntad permitiera abrir nuevas vías para el diálogo. Y hasta cierto punto fue así, lo que se plasmó definitivamente en la Declaración de Bruselas de 1984, firmada el 17 de noviembre por Morán y el ministro inglés Geoffrey Howe, por la que Reino Unido se comprometía a entablar conversaciones sobre la soberanía de Gibraltar.

Pero cualquier negociación siempre encallaba en el argumento británico de que no se aprobaría ninguna resolución que fuera en contra de la voluntad del pueblo gibraltareño de seguir formando parte de Reino Unido.

La necesidad de contar con su respaldo para entrar en la CE forzó a España a mantener buenas relaciones con Reino Unido

El Gobierno de González nunca aceptó este planteamiento, pero en ésta como en otras cuestiones, los socialistas tuvieron que optar por ser pragmáticos, aún en contra de sus deseos. España tenía un objetivo esencial en política exterior: ser admitido en la Comunidad Europea. Y estar enemistado con Reino Unido podría resultar un escollo insalvable para este propósito. Así se lo hizo ver la propia Thatcher al ministro Morán en su encuentro de marzo de 1983.

De este modo, el Ejecutivo español se vio obligado a seguir haciendo cesiones a las peticiones británicas aún sin lograr respuestas satisfactorias a las suyas. Así, en la noche del 4 al 5 de febrero de 1985, se decide la apertura total de la verja de Gibraltar para personas, vehículos y mercancías.

Los ministros de Exteriores de González -primero, Morán; luego, Francisco Fernández-Ordoñez- parecían confiar en que, poco a poco, los contactos entre ambos gobiernos irían dando frutos paulatinos que, al final del camino, acabaría en la satisfacción de las demandas españolas.

Según esta visión, con la Declaración de Bruselas, “hemos colocado el tren sobre sus raíles”, según afirma en sus memorias el propio Fernando Morán. Pero lo cierto es que pasado el tiempo, la estación de destino se mostraba y aún se muestra tan lejana como entonces.

Cuando González abandonó el Palacio de la Moncloa, catorce años después de su llegada, el cambio que había prometido, con sus luces y sus sombras, se había plasmado en múltiples vertientes. Pero aquella deseada unidad de España seguía incompleta y nada parecía indicar que Gibraltar estuviera más cerca de volver a ser española.