Siguen sin mostrar estados de ánimo. No lo hicieron antes, tampoco ahora. La que más expresa ahora es su actitud y su comportamiento en prisión. Ha cambiado de modo sustancial. En el cajón de los “incidentes procedimentales” apenas hay documentos con expedientes referidos a ellos, como acostumbraban a acumular durante décadas. Los enfrentamientos, las negativas y los desafíos con los funcionarios son ya casi inexistentes. A muchos se les ve incluso trabajando dentro de las cárceles. Unos lo hacen repartiendo comida a otros reclusos, otros trabajando en el economato y los hay que ejercen como ‘bibliotecarios’ de la cárcel o como enlace entre los funcionarios y los reos para trasladar directrices, encargos o simples recados cotidianos. Los presos de ETA han cambiado, sí, y se han amansado.

En la treintena de centros penitenciarios con miembros de ETA cumpliendo condena no recuerdan un periodo similar. La disciplina y la obediencia dócil con la que se comportan desde hace meses la inmensa mayoría de los etarras es algo desconocido. Algunas fuentes penitenciarias aseguran a El Independiente que podría tratarse de una mera directriz del colectivo para favorecer un clima favorable en las cárceles y contribuir así a facilitar un cambio de la política penitenciaria. Acabar con la dispersión de los presos de la banda en cárceles alejadas del País Vasco es una vieja aspiración que desde dentro de las prisiones y fuera de ellas la izquierda abertzale lleva años reclamando y que ahora parece más factible.

Los incidentes con etarras han caído a mínimos, su disposición a trabajar en prisión se ha disparado y la colaboración con los funcionarios es positiva

El propio colectivo de presos de ETA se ha propuesto poner las cosas fáciles al Gobierno para que dé el paso que aún se resiste a dar. Nada de alborotos ni pulsos con los funcionarios. La máxima del colectivo de presos de la banda, el denominado EPPK es no dar de qué hablar, asimilarse al resto de presos comunes de los centros penitenciarios. La estrategia pasa ahora porque cada uno inicie un proceso individualizado y decida su propia estrategia de defensa, al margen del colectivo. Es lo que el grupo de alrededor de 300 etarras aún en las cárceles españolas y francesas acordó en diciembre pasado tras meses de debate interno. Fue su modo de poner fin a la “fase de resistencia” llevada a cabo durante décadas y que suponía aceptar la legislación penitenciaria española de modo individualizad en la búsqueda de beneficios penitenciarios, cambios de grado o incluso, acercamientos a centros penitenciarios vascos.

Una “calma” desconocida

En las celdas de los etarras la expectativa de que su situación está cerca de poder cambiar se ha instalado. La reclamación que el Gobierno vasco y el PNV vienen realizando de una posible cesión de la competencia de prisiones a Euskadi sería un gran paso para ellos. “Estamos viviendo en las cárceles una situación de calma con los presos de ETA como no habíamos conocido jamás”, asegura un profundo conocedor del interior de las prisiones. El comportamiento actual de los cientos de etarras era algo impensable hasta no hace muchos años, cuando la banda controlaba con una férrea vigilancia de los sectores más ortodoxos de ETA y la izquierda abertzale el ‘frente carcelario’ de la organización terrorista, el último ‘frente’ de ETA. Entonces, la consigan pasaba por negarse a acogerse a la ley penitenciaria española considerada una herramienta que pretendía “doblegar” a la organización armada.

Seis años y tres meses después de abandonar sus atentados y pendiente de su disolución, ETA y sus militantes han iniciado una nueva fase. A la mayoría de ellos aún les restan muchos años de condena antes de salir en libertad. Pese a que la salida de etarras se produce de modo constante y casi semanalmente, el grueso de ellos aún se encuentra en primer o segundo grado. El cambio de actitud ha sido cada vez más perceptible, en especial desde hace año y medio. La petición de “destino” o de trabajo dentro de la prisión por parte de los etarras también ha ido en aumento. Nunca antes un preso de ETA lo había solicitado. Con él no lograrán una reducción de condena pero sí mejorar su imagen y posible valoración en futuros informes de traslado, de permisos o de cambio de grado. “Si has participado en un destino (trabajo), has tenido buen comportamiento y no has tenido procedimientos procedimentales, en un futuro en lugar de acercarte hasta Valladolid quizá lo hagan hasta Burgos y ellos los saben”, señala una fuente consultada.

La nueva actitud de los etarras buscaría crear un clima favorable que facilite al Gobierno su acercamiento a cárceles de cerca de Euskadi

Por ello hacer méritos por buena conducta se ha convertido en su nueva batalla. La posibilidad de que el País Vasco asuma la competencia de prisiones, cada vez más factible, también ha precipitado el cambio de actitud. En las prisiones el interés entre los presos de ETA por el devenir de las negociaciones entre el Gobierno vasco y el de Rajoy también se ha incrementado. “Notamos que están muy atentos a todas las noticias al respecto”.

Transferir prisiones, su gran esperanza

Y no es para menos. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha situado a prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social como sus dos prioridades en la lista de 37 materias que reclama Euskadi para el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Una cuestión sobre la que recientemente conversaron el portavoz vasco, Josu Erkoreka y la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría y con la que existe un compromiso de abordarlo. Y nadie descarta, tampoco los presos de ETA, de que pueda ser parte del pago a un hipotético apoyo a los presupuestos de Mariano Rajoy de 2018.

De ser así, el escenario para muchos presos podría cambiar. Si las cárceles las gestionase el Ejecutivo vasco, confían en que los informes que sobre ellos elabore la Junta de Tratamiento de las cárceles vascas tengan un desarrollo más positivo a sus intereses. De no ser favorables a sus reclamaciones podrían ser recurridos ante una Central de Observación, que se constituiría bajo los criterios del Ejecutivo vasco y, quizá, con mayor sensibilidad hacia la reinserción de los etarras. Una Central que tendría capacidad no sólo para corregir informes de la Junta sino para proponerlos en sentido distinto ante los jueces de vigilancia penitenciaria que finalmente decidirán sobre el futuro de los etarras en cuestiones como el grado penitenciario, la concesión de permisos o incluso sobre el cumplimiento de la pena.

Los presos de ETA siguen con atención las negociaciones del Gobierno vasco con el PP ante una posible transferencia de las prisiones al País Vasco

No es la única expectativa de la que están pendientes y siguen con mayor profusión los presos de ETA en prisión. También la decisión del Gobierno de Francia de acercar a reclusos de la banda a las prisiones de Mont de Mansan (Las Landas) y Lannemezan (Altos Pirineos) ha supuesto un paso significativo para todo el colectivo, si bien dentro de las prisiones el anuncio ha sido recibido con discreción.

Por ahora desde el Gobierno se trasladan mensajes algo confusos. Las recientes manifestaciones del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, en las que apuntaba hacia la posibilidad de una modificación de la ley general penitenciaria si se hacía “con consenso y discreción” pronto fueron matizadas desde fuentes cercanas al Ejecutivo.  Por ahora el mensaje público pasa por recordar que para acercar a los presos cerca de Euskadi ETA primero deberá disolverse –se anuncia para el verano-, reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia. Incluso se apunta que los procesos y reconocimientos se deberán realizar de modo individualizado.

 La delación, última línea roja

El propio Zoido recordó en Euskadi que los etarras en prisión “saben lo que tienen que hacer” si quieren acelerar su reinserción y salida de prisión, en referencia al cumplimiento de la ley penitenciaria o al acogimiento a caminos como la ‘vía Nanclares’ que ya ha favorecido el acercamiento al País Vasco de decenas de etarras presos. Salvo por ese camino, Instituciones Penitenciarias apenas ha autorizado en los últimos meses acercamientos a cárceles de Euskadi. El último caso fue el del preso enfermo, Ibon Iparragirre, que el viernes llegó a Mondragón para ser ingresado en un centro médico especializado.

El cambio de actitud constatado en los etarras también se percibe desde hace unos meses en su disposición a aceptar gran parte de las exigencias que se les reclama para acelerar su reinserción o el final del alejamiento. Salvo una línea roja: la colaboración para el esclarecimiento de los cientos de crímenes de ETA sin culpables condenados. La organización había fijado la “delación” como límite a su nuevo proceso de aceptación de la Ley Penitenciaria española.

Cada vez más presos estarían dispuestos a reprobar parte de la historia de ETA, en especial la que consideran más ‘inútil, a partir de los años 90″.

También el “arrepentimiento” figuraba como una línea a no rebasar. Sin embargo, está última línea roja también se percibe en el interior de las prisiones que empieza a diluirse. Cada vez un mayor número de presos de ETA muestra su disposición a reconocer el daño causado y a reparar, dentro de sus posibilidades, a las víctimas. El cambio de actitud se muestra, incluso en la disposición de muchos de ellos a afirmar que la historia de ETA y su acción criminal no tuvo sentido, aunque con una limitación temporal. El reproche al pasado y la inutilidad de ETA se acotaría a sus últimas dos décadas, no así a si actividad durante la Transición y los primeros años de la democracia, donde habría más resistencias entre el colectivo para reconocer su inutilidad. Sería algo así como un repudio “parcial” a la historia de ETA.

Hasta entonces, la situación de los presos de ETA continuará en la agenda de la izquierda abertzale y de los partidos políticos aunque con una pérdida de protagonismo a medida que pasa el tiempo. Si bien el pasado 13 de enero decenas de miles de personas reclamaron en Bilbao el final del alejamiento de los etarras, en la agenda política la reclamación ha perdido protagonismo en las formaciones políticas vascas, pese a que todas ellas, salvo el PP, se han mostrado partidarias de suprimir lo que consideran una política penitenciaria “de excepción” que hoy, con ETA a punto de disolverse, no tendría sentido mantener.