El Consejo de Estado no ve fundamento para la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la propuesta formulada el pasado lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para que sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont la próxima semana.

Según ha adelantado la Cadena Ser, el máximo órgano consultivo del Gobierno no avala la medida anunciada en la mañana de este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. Con todo, el Consejo de Ministros tiene previsto facultar este viernes a Mariano Rajoy para acudir al Constitucional sin esperar a la sesión de investidura, con el argumento de que el estatus jurídico actual del ex president es incompatible con su comparecencia personal en el Parlament por cuanto pesa sobre él una orden de detención que se haría efectivo en cuanto Puigdemont pise suelo español.

“El Gobierno ha recibido el informe del Consejo de Estado en el que avala los argumentos jurídicos planteados por el ejecutivo pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo. En cualquier caso el informe es preceptivo pero no vinculante”, han dicho fuentes de Moncloa.

Por su parte, Carles Puigdemont se ha apresurado a pedir la dimisión de Sáenz de Santamaría tras el pronunciamiento del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante.

En su artículo 161.2, la Carta Magna establece que el Gobierno “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional [TC] las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”, conllevando la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad la suspensión de la medida combatida. El TC tendría un plazo de cinco meses para ratificar o levantar la medida.

Como ha informado El Independiente, expertos en Derecho Constitucional dudaban abiertamente de que pueda prosperar el recurso anunciado este jueves por el Gobierno contra la decisión del presidente del Parlament de proponer para la investidura como jefe de la Generalitat de Cataluña a Carles Puigdemont, instalado desde hace casi tres meses en Bélgica para sustraerse a la acción de la Justicia española. La decisión del Ejecutivo de Rajoy está a la espera del dictamen del Consejo de Estado.