La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la intención del Gobierno de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer para la investidura a una persona, Carles Puigdemont, porque su estatus jurídico actual es «incompatible con su presencia en la cámara» puesto que tiene limitada su capacidad de movimiento en España.

Cambio de criterio

Se trata de un giro de guión, de un cambio de criterio de Moncloa, que hasta ayer mismo mantenía  que la mera proclamación de Puigdemont cono candidato a la investidura, sin que se especificara que ésta iba a ser telemática, no era susceptible de recurso, por lo que se habían resignado a ir a un debate de investidura para ser, posteriormente impugnado, a ser posible antes de las votaciones. Lo que ahora consiguen automáticamente es suspender la sesión de investidura con Puigdemont de candidato si el TC acepta el recurso, lo que es más que previsible.

Posiblemente ha pesado sobre el ánimo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no correr con el desgaste de la imagen de un Parlament reunido debatiendo sobre la investidura de un prófugo de la justicia.

Ha explicado la vicepresidenta que no especulan con la posibilidad de que Puigdemont vuelva a España, sino que el problema reside en que «Torrent ha propuesto a una persona que no está en plenitud de su derechos», puesto que desde el momento en que pusiera un pie en España, tiene una orden de detención y se le pondría a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena.

La opción que el Gobierno central da a Torrent es que busque otro candidato a la investidura entre el resto de los diputados autonómicos. De hecho, estaría obligado a poner otro nombre sobre la mesa, según el reglamento del parlamento catalán, antes del martes 30. De otro modo, no comenzarían a corer los plazos.

Rajoy no ha comunicado a Rivera el cambio de criterio, pero sí a Sánchez

El Gobierno pone al presidente de la Cámara autonómica en la tesitura de desobedecer al Constitucional, como Forcadell, o proponer a otro , candidato, «cosa qu han demostrado que pueden hacer en 48 horas», según han señalado fuentes monclovitas.  La nueva medida se la ha comunicado Mariano Rajoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que la ha respaldado. Tambien han sabido de la misma el PSC y el PP, según la numero dos del Gobierno, no así a Ciudadanos.

Desde Ciudadanos confirman a El Independiente, que «no nos han dicho nada, pero nosotros ya habíamos anunciado públicamente que había que presentar ese recurso si se producía la designación», informa  Lorena Gamarra.

Además, han solicitado al Consejo de Estado dos dictámenes, esto es, sobre si un candidato puede ser investido sin estar presente en la respectiva Cámara parlamentaria y si es susceptible de impugnación y, en segundo lugar, si se admite el voto delgado de los que están fuera del territorio nacional. Se trata, según explica el Gobierno, de hacer uso de un instrumento poco usado hasta ahora, la consulta potestativa, que sirve «para evitar la estrategia de entorpecer la acción de la justicia por falta de tiempo para recurrir», que era lo que estaba intentando Torrent.

Extrapolable a Junqueras

El problema del recurso, es que bajo el criterio de que Puigdemont no puede ser investido por tener limitada su capacidad «deambulatoria», como ha dicho Santamaría, tampoco podría optar a la presidencia de la Generalitat el líder de ERC, Oriol Junqueras, por encontrarse en prision preventiva.