El Gobierno vasco da por desarmada a ETA “al 100”. Por ello, considera que en 2018 se deberán priorizar otros objetivos que pasan por lograr su disolución definitiva, facilitar el cambio de la política penitenciaria que se aplica aún a los 300 miembros de ETA en prisión y promover “políticas activas de reinserción social” dirigidas a los presos de la banda. El Ejecutivo ha recibido hoy el balance de cumplimiento del denominado Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 y que realiza un repaso por las 15 iniciativas puestas en marcha y que cuantifica.

Buscará acuerdos con Francia y España para acelerar el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi

El primero de los objetivos fijados por el Plan desde su puesta en marcha el año pasado hace referencia al desarme de la banda y su disolución. En este sentido se recuerda la “participación activa” en el proceso que culminó el 8 de abril pasado en la escenificación del desarme hecho por ETA el 8 de abril en Bayona. Una iniciativa, se recuerda que condujo a un desarme “de carácter legal, definitivo e irreversible”. En cambio, el Gobierno reconoce en su informe que aún deberá trabajar para contribuir a una disolución de ETA “unilateral, efectiva y definitiva” de la organización terrorista y que deberá ir acompañado de “un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado”.

Para este año el Gobierno d e Iñigo Urkullu se ha fijado como una de sus prioridades promover acuerdos con los gobiernos de Francia y España, así con los partidos políticos, para favorecer “una nueva orientación” de la política penitenciaria en aras ala cercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi. Además, se plantea la necesidad de consensuar un decreto “que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social” para los presos de la banda.

Construir una “memoria crítica”

En este punto se recuerda que el Gobierno francés ha puesto en marcha cambios en su política penitenciaria “que el Gobierno español ha aceptado”, se apunta. Por ello, se señala que los avances son significativos en muchos ámbitos ante el progresivo “desbloqueo paulatino de los principales nudos” que atenazan la convivencia socio-política. En relación a las víctimas del terrorismo, el plan se fija como objetivo para este año profundizar en el dialogo y colaboración con las asociaciones de víctimas del terrorismo.

El Ejecutivo Urkullu quiere activar la ley de reparación a víctimas abusos policiales cuestionada por el Constitucional

El Gobierno también impulsará este año la Comisión de Valoración que contempla la ley 12/2016 de reparación a víctimas de abusos policiales y de los que varios de sus artículos fueron suspendidos cautelarmente por el TC. Ahora el Gobierno apunta que defenderá la legalidad y constitucionalidad de la ley y pondrá en marcha, hasta el pronunciamiento definitivo del Alto Tribunal, los contenidos cuya suspensión cautelar no ha sido decretada.

La construcción de una memoria crítica es otra de las labores que se ha marcado el Plan. La labor se inició el año pasado pero su grado de cumplimiento por Ahora apenas alcanza el 60%. Actualmente se trabaja en la elaboración de un borrador, de una propuesta que reconozca lo sucedido durante tantos años de violencia. El reto es logra un amplio consenso y poder plasmar una reflexión crítica y compartida sobre el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos.

“Desradicalización, no de reinserción”

Tras conocerse la valoración y planes del Gobierno vasco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, COVITE, ha emitido un comunicado en el que acusa al Ejecutivo de “trabajar a favor de los intereses de ETA”. Ha cuestionado que contemple erigirse como mediador entre los Gobiernos de España y Francia para lograr una política penitenciaria “favorable” a los presos de la banda. También reprueba que Urkullu contemple la aprobación de una plan para impulsar la reinserción de los presos, “a los terroristas orgullosos de su pasado no se les aplican planes de reinserción sino políticas desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia”.

Apuntan que un desarme como el llevado a cabo por ETA no se puede calificar de “legal”. En este punto recuerdan las manifestaciones hechas por el comandante de la Subdirección Antiterrorista de la policía francesa (SDAT), Laurent Hury en las que afirmó que ETA no ha entregado todas sus armas y recuerda que sigue existiendo, “el Gobierno vasco está empeñado en cerrar de un plumazo el capítulo de ETA aunque la realidad y el antiterrorismo francés digan lo contrario”.

Covite denuncia además que en el citado informe se señale la participación activa del Gobierno en el desarme de ETA y se califique éste como “legal, definitivo e irreversible”. Lanza un duro reproche al Ejecutivo al afirmar que ETA podría prescindir de sus mediadores profesionales “ya que, al parecer, es el Gobierno de Urkullu el que ha asumid sus tareas”.