Abertis, que ayer presentó resultados en plena opa de ACS y de la italiana Atlantia, cifra en 2.603 millones de euros el importe que el Estado le adeuda por las inversiones y los descuentos en el peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en función de un acuerdo alcanzado en 2006 con el Gobierno y aprobado entonces por Real Decreto. Se trata de casi el doble de la cifra (1.494 millones de euros) a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó al Gobierno a pagar a la multinacional en marzo de 2017 por la caída de tráfico.

De los 2.603 millones, 835,95 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 1.767 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico, según Abertis, a la que Fomento abrió un expediente tras el colapso de la AP-6 la noche de Reyes.

Recurso de Fomento

El Ministerio de Fomento deberá abonar la primera de estas cuantías en 2021, esto es, cuando concluya el plazo de concesión de la autopista, que explota los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo. En cuanto a la cantidad relacionada con el tráfico, su pago en ese mismo año está pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo y el contencioso que Abertis y Fomento mantienen por esta cuantía desde 2011.

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna recurrió el fallo del TSJM ante el Alto Tribunal. En caso de que el Supremo ratifique al juez de Madrid y dicte sentencia a favor de Abertis, el Estado tendría que abonar al grupo en 2021 el importe que corresponda entonces, dado que las dos cuantías van incrementándose cada año.

Solución o tribunales

En su informe anual, Abertis indica que este contencioso está aún pendiente de resolución, después de que el Supremo haya aceptado una solicitud de ampliación del recurso presentada por el grupo ante una resolución contraria del Consejo de Ministros de julio de 2017. No obstante, la compañía considera que «se mantiene la solidez de los argumentos jurídicos que siempre han sustentado la validez jurídica del saldo de compensación de tráfico» en liza, según indica en dicho informe, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abertis reitera su disposición a «procurar llegar a una solución con la Administración que proteja sus intereses», si bien ratifica que, «si no fuera posible, los defenderán como proceda ante todas las instancias posibles de los Tribunales de Justicia».