Política

Comienzan las recusaciones del 'procés': Jordi Sánchez pide apartar a un juez del TS

La primera ley de desconexión se presentará a finales de agosto.

El ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, en un acto. EFE

El abogado del expresidente de la Asociación Nacional Catalana (ANC) y ‘número dos’ de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sánchez, ha pedido este jueves que se aparte a un magistrado del Tribunal Supremo que tendrá que estudiar uno de sus recursos por su pertenencia a la asociación conservadora de jueces Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El letrado Jordi Pina ha presentado en el Tribunal Supremo un incidente de recusación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el magistrado Francisco Monterde Ferrer, designado como ponente de la resolución que resulte del estudio del recurso de apelación que presentó Sánchez contra el auto en el que el juez Pablo Llarena –que investiga los hechos relacionados con el denominado ‘procés’– denegó su solicitud de participar en la campaña para las elecciones del pasado 21 de diciembre.

El juez instructor explicó en dicho auto recurrido que su salida de la prisión de Soto del Real –en la que se encuentra desde el pasado 16 de octubre– podía posibilitar unas «movilizaciones inmediatas», las cuales se podían aprovechar para «propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios», o como «reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció».

Según dice el escrito, el magistrado recusado es en la actualidad vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la APM. Una asociación, que según la defensa de Sánchez, destaca por haber emitido en redes sociales «numerosos mensajes que no sólo denotan un abierto rechazo hacia la ideología política» que defienden los investigados en la causa por el proceso soberanista.

«Claros prejuicios»

El abogado explica que este escrito no cuestiona el derecho a «expresarse libremente» que tienen las asociaciones; sino que pretende denunciar la manifestación de unos «claros prejuicios respecto de la responsabilidad» de Sánchez en el ‘procés’, así como la «animadversión» hacia los encausados y a su «ideología política». Al incidente de recusación se ha adjuntado otro documento en el que se reproducen los mensajes publicados por la asociación de jueces en Twitter y que la defensa de Sánchez pone en cuestión. Para Pina estos ‘tuits’ suponen una «auténtica campaña mediática en las redes sociales» emprendida desde las cuentas oficiales de la APM.

«No nos encontramos ante una opinión aislada y esporádica, sino ante una auténtica línea editorial de la APM», afirma. El abogado reconoce que no se puede acreditar «quién es el concreto autor de estos mensajes», pero subraya que al haber sido emitidos por cuentas oficiales de la asociación, el magistrado recusado «no puede haber permanecido en modo alguno ajeno», pues es su segundo máximo responsable. «Parece razonable pensar que el señor magistrado conozca y comparta la línea editorial que desde hace meses la APM sostiene desde dichas cuentas oficiales», enfatiza.

Entre los mensajes adjuntos, la defensa de Sánchez destaca en su escrito varios de ellos, como en el que la asociación manifiesta estar «preocupada» por los incidentes ocurridos ante las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona, el 20 y 21 de septiembre.

Por este acontecimiento, en el que se concentraron miles de personas, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión a Sánchez y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; algo que ha sido ratificado por el juez del Supremo Pablo Llarena.

El abogado rescata otro ‘tuit’ en el que la asociación difundió un texto en inglés acompañado de una foto de los conocidos como ‘los Jordis’, del mismo día del asedio a la consejería catalana, en la que Sánchez habla por un altavoz. En él «se le atribuye haber incitado a miles de personas a rodear a una comisión judicial y a destruir coches policiales», dice el escrito.

En otro de ellos, la defensa de Sánchez considera que se tacha con tono despectivo a los ciudadanos que reivindican la libertad del expresidente de la ANC al llamarles «amarillistas».

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