El Gobierno central se considera «perjudicado directo» de la presunta malversación de caudales públicos que se ha cometido con el desafío independentista catalán. De ahí, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de sus servicios jurídicos, haya decidido personarse en el Tribunal Supremo en la causa donde se investiga el denominado ‘procés’.

Según adelantan fuentes jurídicas a El Independiente, la solicitud por parte de la Abogacía del Estado llegó al Alto Tribunal a principios de semana y el juez Pablo Llarena ya ha dado por personada a esta parte. Las mismas fuentes explican que el Ejecutivo quiere ejercer de acusación en este procedimiento principalmente por el mal uso de fondos públicos que hizo el Govern en su intento de aprobar una declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Esta petición de personación se produce cuando los investigadores están avanzando en la presunta comisión del delito de malversación en este procedimiento, según informa fuentes jurídicas.  La tesis que en estos momentos maneja la Guardia Civil, la Fiscalía y el propio Llarena es que el Govern no podía desconocer que la convocatoria del 1-O conllevaba el uso ilegal de fondos públicos.

Las mismas fuentes explican que después de que Llarena haya admitido dicha personación, la Abogacía tiene prevista solicitar una batería de diligencias al instructor.

En estos momentos en la causa que se sigue en el Supremo ejerce de acusación pública el Ministerio Fiscal -los fiscales de Sala Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno son los encargados de este procedimiento- mientras que el partido Vox representa a la acusación popular.