Un juzgado de San Roque (Cádiz) ha llamado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a cinco directivos del Club de Golf Valderrama tras admitir a trámite la querella que dos accionistas interpusieron el pasado mes de enero por la decisión de los gestores de fijar un “precio irrisorio” para poder vender sus títulos. La investigación determinará si los acusados han podido cometer un delito societario.

En un auto fechado el pasado 6 de febrero, al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado Mixto 2 de San Roque cita al director del club, Javier Reviriego; el presidente, Nuno Alberto Brito e Cunha; el vicepresidente, Juan Carlos Garay; el secretario de la junta directiva, Pablo Yacobi, y el también directivo Ben Pollner para que comparezcan el próximo 13 de abril acompañados de abogado a fin de tomarles declaración.

Las diligencias previas recién incoadas tienen su origen en la querella que Ramón Dávila y Denisse Ortiz Patiño -titulares cada uno de una acción clase B de la sociedad Valderrama SA (Valsa), propietaria a su vez del campo de golf Valderrama- presentaron el pasado 2 de enero al entender que la actuación del director y de la junta directiva podría ser constitutiva de delito societario, administración desleal y de maquinación para alterar el precio de las cosas. De momento, el juez Javier García Rámila circunscribe la investigación al primero de los ilícitos.

Los querellantes denuncian que el club les obliga a vender sus acciones por 10.000 euros, menos de una décima parte del valor mínimo estipulado

Los querellantes denuncian cómo los rectores del club han fijado “unilateral y arbitrariamente” para las acciones de clase B un precio de 10.000 euros, muy por debajo del valor de libro de Valderrama SA y de lo estipulado en el contrato marco por el que esta sociedad y el prestigioso club de golf acordaron el 3 de noviembre de 2005 ampliar el contrato de arrendamiento de las instalaciones deportivas. Ese documento estableció un precio de referencia para estos títulos de 150.000 euros, de los que 112.500 euros (75 %) corresponderían al socio vendedor.

Dicho contrato marco también establecía entre sus estipulaciones que Campo de Golf Valderrama actuaría como broker y que los socios que decidieran causar baja no podrían vender libremente sus acciones, dependiendo totalmente del club. Ahora bien, para no vulnerar las reglas civiles y mercantiles, el documento preveía que el valor de la acción B no podría ser inferior al valor de libro de Valderrama SA.

En la querella, Dávila detalla que pagó inicialmente 65.000 dólares por la adquisición de la acción clase B número 338 de la sociedad Valsa y otros 37.500 euros cuando en 2006 se acordó ampliar el arrendamiento del campo de golf gaditano, que se promociona como el “número 1 de Europa continental desde 1988” y que fue sede de la Ryder Cup en 1997. Cuando quiso vender el título, se le comunicó que tendría que aceptar el precio de 10.000 euros “fijado unilateralmente”.

Ingreso de 51 nuevos socios

En paralelo, según el querellante, el club “ha admitido como socios” a 51 personas -sin adquirir previamente una acción de clase B de Valderrama SA- que han tenido que abonar 100.000 euros cada uno, lo que ha permitido al club obtener cinco millones de euros “de forma irregular”.

“Gracias a la irregular financiación que Club de Golf Valderrama ha obtenido mediante la forma de admitir como socio a personas que no han adquirido previamente la acción B ha procedido a adquirir la mayoría de las acciones de la sociedad Valderrama SA, quedándose por tanto con la propiedad del campo de golf”, expone la querella. Y añade: “Dejando fuera de toda contemplación a los accionistas B de Valderrama SA, que quedan definitivamente condenados a ceder su acción al precio que le venga en gana a los directivos del club (…), con lo que se consuma el daño producido al querellante y al resto de los socios que están en su misma condición”.

Esa reordenación accionarial en Valderrama SA ha provocado la salida del consejo de administración de los integrantes que representaban al propietario anterior (grupo La Zagaleta) y su sustitución por miembros de la junta directiva del club de golf, de modo que al menos dos directivos -los investigados Juan Carlos Garay y Ben Pollner- “ostentan simultáneamente ambos cargos”, por lo que incurrirían en “contradicción de intereses”.

Nueva sociedad

Dávila no pasa por alto el hecho de que el Club de Golf Valderrama constituyera el pasado 28 de junio una nueva sociedad (RCV Members Newco SA), de la que es único socio, y que el valor que ésta ha fijado para poder ser miembro sea de 200.000 euros: 150.000 como valor de la acción y 50.000 en concepto de entrada en el club (entry free).

“Queda demostrada la contradicción que ponen de manifiesto los querellados y el propio club cuando otorgan el valor de la membresía, es decir, el precio que supone el acceso al Real Club Valderrama, en 200.000 euros en la nueva sociedad recién constituida (…) mientras siguen castigando injustamente a los accionistas B que ya no son socios a deshacerse de sus acciones por el irrisorio precio de 10.000 euros, que inmediatamente en manos del nuevo comprador (designado por el club y por lo general amigos de los directivos) incrementan su valor hasta los 150.000 euros”, añade.

“Torticera actuación”

Para los querellantes, la junta directiva “ha venido desplegando una torticera actuación dirigida a obtener financiación fácil y barata para llevar a cabo determinadas inversiones realizadas en el campo de golf, abusando de su posición dominante” e impidiendo “maliciosamente” que el precio de las acciones fuera determinado por las “normales reglas de mercado derivados de la oferta y la demanda”, existiendo “volumen suficiente para ello”.

Ramón Dávila y Denisse Ortiz Patiño -ésta nuera de Jaime Ortiz Patiño, fundador del club ya fallecido- anuncian su intención de ejercer la acción relativa a la responsabilidad civil derivada de los posibles delitos, si bien elude fijar la cuantía a la espera de que avance la instrucción y se conozcan “con absoluto detalle” las circunstancias.