El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández impuesta por la Audiencia de Vizcaya por un delito de apropiación indebida. Fernández había recurrido la sentencia del pasado 20 de marzo al considerar que su actuación en la contratación del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces fue «legal y ética y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank».

Tras conocerse la resolución del TS, Férnández ha anunciado que dimitía de su cargo de vocal en el Consejo de Administración de Repsol, puesto que ocupaba desde hacía casi siete años. La compañía ha informado de la misma en una nota tras conocerse que se desestimaba el recurso de casación que interpuso. Repsol reconoce en el ella la categoría profesional y personal de Fernández y agradece su «extraordinaria contribución» como consejero de la compañía desde el 15 de abril de 2011.

El propio Fernández ha emitido un escueto comunicado en el que tras manifestar «el pleno respeto» a la decisión judicial añade que está en «total disconformidad» con la misma. Apunta que para dictarla no se han atendido «las pruebas presentadas durante el largo proceso».

Fernández ha emitido un comunicado en el que muestra su «total disconformidad» con la decisión del Tribunal Supremo

La Audiencia de Vizcaya había condenado a Mario Fernández y al abogado Rafael Alkorta a medio año de prisión cada uno por un delito de apropiación indebida por pagos irregulares por un importe de 243.592 euros efectuados por la entidad financiera que presidía a quien fuera delegado del Gobierno en el País Vasco en tiempos de Patxi López, Mikel Cabieces. Los pagos se efectuaron a través del bufete de abogados de Alkorta, con el que trabajaba la entidad financiera vasca. Fernández justificó la contratación de Cabieces como un modo de reintegrarle en el mundo laboral tras haber ocupado un cargo de responsabilidad y de difícil reingreso al ámbito laboral en el País Vasco tras haber asumido un puesto complicado como el de representante del Ejecutivo español en Euskadi. La sentencia dictada por la Audiencia vizcaína imponía un año de prisión a Cabieces por un delito de cooperación necesaria en la comisión de los citados pagos irregulares que el banco le habría realizado.

243.000 euros en pagos irregulares

A los tres acusados y condenados, Fernández, Alkorta y Cabieces se les absolvió del deliro de falsedad en documento mercantil, del que también se les acusaba. Finalmente las condenas fueron inferiores a las reclamadas por la Fiscalía, que pedía dos años de prisión para cada uno de los procesados y tres años y medio solicitaba la acusación popular para Cabieces y Alkorta y dos años y tres meses para Fernández.

Según el relato de hechos probados detallados en la sentencia ahora ratificada, Fernández actuó después de recibir la llamada de un alto representantes de un partido político y en la que se le instaba a darle una salida laboral a Mikel Cabieces, quien habría sido relevado de su cargo en la Delegación del Gobierno tras la llegada de Mariano Rajoy en 2011. Fernández reconoció en la vista oral que la recolocación de este tipo de altos cargos en Euskadi era una práctica habitual y que él se sentía en la obligación de cumplir con una “función social” para corresponder a personas que habían estado en cargos especialmente amenazados por el terrorismo en el País Vasco.

Sin embargo, en la sentencia se apunta cómo lejos de valerse de los mecanismos propios de la entidad para buscarle una ubicación laboral, procedió a actuar de modo “personal” y recurriendo a un despacho de abogados con el que trabajaba Kutxabank con el fin de dar “cobertura formal” a los pagos que a razón de 5.783 euros mensuales debían hacerse a Cabieces y que procedían de fondos del banco. En la sentencia se asegura que Fernández fue “consciente” y aceptó “el perjuicio económico que iba a suponer par la entidad” su decisión. Sin embargo, se le aplica un atenuante que rebaja a seis meses su condena por haber devuelto la cantidad abonada a Cabieces. Mario Fernández ya ha anunciado que recurrirá la sentencia para preservar su “honor”.

Además, el juez señala cómo el propio Cabieces, cooperador necesario, que comenzó a percibir estas cantidades de marzo de 2012 a octubre de 2014, le fue asignado al citado despacho de abogados de Alcorta&Asociados, instalaciones a las que sólo acudía “esporádicamente”.

Enfrentamiento con Villelabeitia

La acusación popular y la Fiscalía les imputan haber trabajado en connivencia para colocar en el citado despacho de abogados a Cabieces, cuando éste abandonó sus responsabilidades políticas, y haberlo hecho de modo irregular y al margen de los procedimientos establecidos por la entidad y siguiendo directrices expresas del entonces máximo responsable de Kutxabank. De este modo, Cabieces, abogado de formación, habría recibido desde 2012 y durante casi tres años pagos por un importe superior total a 243.000 euros de modo supuestamente irregular y valiéndose para ello de los pagos que Kutxabank había hecho al despacho de Alkorta, con el que trabaja de modo habitual, y de los que una parte irían a manos del ex delegado del Gobierno.

El caso saltó poco después de que Fernández abandonara Kutxabank y fuera sustituido por Gregorio Villelabeitia al frente de la entidad. La enemistad entre ambos es evidente. Mario Fernández ha asegurado en varias ocasiones que se sintió engañado por Villelabeitia, tras comprobar que éste ponía en conocimiento de la Fiscalía el caso. Poco después Fernández aseguró que su defensa sería contundente y que no dejaría “heridos”. En su momento Fernández justificó este tipo de contrataciones en una “ley no escrita” según la cual las instituciones debían colaborar para dar acomodo a las personas que habían estado en la primera línea de la lucha contra ETA y que esta circunstancia se daba en el caso de Mikel Cabieces, delegado en el País Vasco desde 2008 hasta 2012.