Carles Puigdemont sigue la estela de Oriol Junqueras y los Jordis y ha elegido al abogado de derechos humanos Ben Emmerson para defender su causa ante la ONU. La trayectoria profesional de Emmerson es de sobra conocida, tanto por ayudar a redactar la Ley de Derechos Humanos de 1998, presentada por Tony Blair, como por encargarse de la defensa de Abu Qutada, considerado el principal líder espiritual de Al Qaeda en Europa.
Fue gracias a su trabajo por lo que Qutada, vinculado al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate relacionado con el 11M, salió libre tras ser detenido en 2001 en Reino Unido por justificar los atentados del 11 de septiembre y por estar vinculado a una célula yihadista germana. Emmerson consiguió que Qutada fuera extraditado desde Inglaterra a Jordania, cuando Theresa May era ministra de Interior, y absuelto de los delitos de terrorismo.

Abu Qutada.
Pero este no ha sido el único cliente sonado de Emmerson, que fue nombrado por la revista británica The Lawyer como uno de los cinco mejores abogados de Reino Unido y definido como "un goliat en el área de las leyes de derechos humanos". El letrado también se ha encargado de la defensa del ciberactivista Julian Assange y de la de Marina Litvinenko, esposa del ex agente del KGB Alexander Litvinenko que fue envenenado en 2006 mientras se encontraba exiliado en Reino Unido. Además, él y su equipo han trabajado en multitud de casos de vulneración de derechos humanos en países como Ruanda, Irán o Venezuela.
Ahora, ha asumido la demanda de Carles Puigdemont contra España por "vulnerar sus derechos políticos". En una rueda de prensa que ha concedido esta mañana en Bruselas ha asegurado que este país "actúa en contra de la ley" y ha comparado el caso de Cataluña con el de Escocia. "Encarcelar a los líderes catalanes es como si en el Reino Unido encarcelaran a Sturgeon o Salmond por hacer un referéndum y querer la independencia", ha asegurado.
Además, ha añadido que "España está haciendo el ridículo" y que su deber es "explicar al mundo cómo actúa la justicia española". "Reclamamos que la ONU se pronuncie por lo que es una vulneración de los derechos humanos continuada. Yo continuaré trabajando hasta que el Gobierno de Rajoy negocie", ha concluido.
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