La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dejado este viernes en libertad con medidas cautelares al ex jefe de los Mossos, Pere Soler y al ex secretario de Interior César Puig, segundo del ex conseller Joaquim Forn. En concreto, la instructora prohíbe al ex jefe de Trapero salir del territorio nacional y le obliga a comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio.

Lamela ha rechazado así la petición de la Fiscalía que solicitó libertad bajo fianza de 100.000 euros para dicho imputado, según informan fuentes jurídicas. Además, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo también había instando a la magistrada a que acuerde libertad bajo fianza de 100.000 euros para el ex secretario Puig.

Frente a la Fiscalía, Carmen Lamela explica en un auto que los dos investigados han comparecido al llamamiento judicial conociendo la gravedad de los delitos que se investigan, castigados con penas “de considerable extensión”, lo que no ha impedido que ambos hayan comparecida ante el juzgado. Respecto al argumento invocado por el fiscal de que otras personas investigadas por los mismos hechos han abandonado el territorio español, la juez afirma que a diferencia de aquellas estas sí han acudido al llamamiento judicial, así como la mayoría de las personas que están siendo investigadas.

La magistrada recuerda que ambos tienen nacionalidad española, domicilio conocido, familia y trabajo en España, poseyendo por tanto suficiente arraigo personal, familiar, laboral y social. La juez hace constar en su resolución el momento presente de la investigación -que se encuentra bastante avanzada- y que las diligencias acordada por ella y pendientes de practicar “no pueden verse ya comprometidas por la acción de los citados investigados”.

Según Lamela, en caso de adoptarse medidas cautelares más graves se causaría un agravio comparativo respecto de otros investigados y, más en concreto, “frente al señor Trapero a quien se le imputan iguales hechos que a los señores Puig y Soler, y a quien le han sido impuestas medidas menos gravosas que las solicitadas en este momento para estos dos investigados”.

Según informan fuentes presentes en el interrogatorio, tanto Soler como Puig han rechazado haber dirigido los operativos policiales de los pasado 20 de septiembre -cuando se produjo el asedio ante la Consellería de Economía- y 1 de octubre, día del referéndum.

Durante las comparecencias, el fiscal ha esgrimido que Soler era un mando de los Mossos y responsable político, que era pública su inclinación al referéndum y así se lo comunicó a Trapero, incitándole tácitamente al menos a no impedirlo, han indicado las fuentes.

Los argumentos del fiscal

Recuerda además que el Tribunal Constitucional le requirió expresamente para impedir el referéndum a raíz de la suspensión del decreto por el que el Parlament aprobó la consulta, y en lugar de ello «hizo más bien lo contrario», tal y como ya señaló la Fiscalía en el informe en el que pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos a Soler y Puig.

Las fuentes consultadas han explicado que Soler ha asumido la iniciativa de revisar las actas de comunicación entre los Mossos el 1-O, tal y como reclamó Lamela en un auto, y ha defendido que el solo transmitió sus opiniones a Trapero y el resto de consellers, ya que él no dirigía operativos policiales.

El ex director de la policía autonómica -que era jefe del mayor Josep Lluis Trapero- y Puig han llegado poco antes de las nueve de la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como investigados por la actuación de los Mossos el 1-0.

El primero en acudir a su cita con la juez ha sido Puig, a las 8.40 horas y acompañado de su abogado Jaume Alonso Cuevillas, uno de los letrados en España del ex presidente catalán Carles Puigdemont. A las 8.48 llegaba Soler, también acompañado por su abogado despacho de Cristobal Martell, Oriol Guardiola, y al igual que Puig ha rehusado hacer declaraciones a los periodistas que esperaban a la entrada.

Lamela ha citado a ambos en la causa en la que investiga por delitos de sedición al mayor Josep Lluís Trapero, quien compareció por tercera vez el 14 de febrero ante la magistrada, que ese día rechazó ponerle la fianza de 50.000 euros que reclamó para él la Fiscalía, por lo que quedó con las mismas medidas cautelares que ya tenía -entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España-.